El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Valledupar emitió una decisión sancionatoria el pasado 6 de febrero de 2026, ordenando el arresto de dos altos funcionarios de la Nueva EPS tras comprobarse el incumplimiento reiterado de un fallo de tutela que protegía los derechos fundamentales del ciudadano José Rafael Castillo Carrascal.
La medida judicial recae directamente sobre Efren Alberto Argote Rodríguez, quien se desempeña como gerente Zonal Encargado, y Juan Carlos Fontalvo Gamarra, actual gerente Regional Norte de la entidad promotora de salud.
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Contexto del caso
El origen de este conflicto jurídico se remonta al 12 de agosto de 2025, cuando Iván David Bolaño Castillo, actuando como cuidador y agente oficioso de su abuelo, Castillo Carrascal, radicó una petición ante la EPS que nunca fue respondida.
Ante el silencio administrativo y la vulneración de derechos, se interpuso una acción de tutela que fue fallada a favor del paciente el 30 de septiembre de 2025, ordenándole a la entidad dar una respuesta de fondo. Sin embargo, la Nueva EPS hizo caso omiso a la orden judicial, manteniendo la incertidumbre sobre los requerimientos de salud del adulto mayor.
Durante el trámite del incidente de desacato, el nieto del afectado declaró bajo juramento que, a pesar de haber acudido presencialmente a la sede administrativa de la Nueva EPS, ubicada detrás del cementerio en Valledupar, y de haber intentado comunicarse con el gerente de zona, no obtuvo ninguna solución.
El juez del caso calificó esta conducta como una desatención objetiva a la autoridad judicial que comprometió la eficacia material del amparo concedido, prolongando injustificadamente la vulneración de los derechos del paciente.
La sanción contra los funcionarios
En consecuencia, el despacho judicial resolvió sancionar a los directivos Argote Rodríguez y Fontalvo Gamarra con diez días de arresto, los cuales deberán cumplir en el Comando de la Policía Nacional de su ciudad de residencia.
Adicionalmente, se les impuso una multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno, dinero que deberán pagar de su propio patrimonio y no con recursos de la entidad. Para materializar estas órdenes, el juzgado ofició al Comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar para que haga efectiva la aprehensión de los funcionarios una vez la decisión quede en firme.
El juez también ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, Seccional Cesar, para que se inicie una investigación penal contra los incidentados por el presunto delito de fraude a resolución judicial, derivado del incumplimiento al fallo de tutela.
Finalmente, se advirtió a los sancionados que, independientemente de la pena impuesta, tienen un plazo perentorio de cinco días para emitir y notificar la respuesta clara y de fondo que el señor José Rafael Castillo ha estado esperando desde agosto del año pasado.
