La Gobernación del Cesar anunció el giro de $5.452 millones a los 25 municipios del departamento, recursos correspondientes a la Liquidación Mensual de Afiliados (LMA) del régimen subsidiado. Según la administración departamental, el objetivo es evitar interrupciones en la atención en salud y fortalecer la estabilidad del sistema en cada territorio.
El sistema de salud colombiano arranca el año con alertas de exministros por insuficiencia en la Unidad de Pago por Capitación (UPC), deudas acumuladas superiores a billones y barreras de acceso, especialmente en el régimen subsidiado que atiende a poblaciones vulnerables. En el Cesar, este giro departamental busca evitar interrupciones en la atención, pero gerentes de hospitales han denunciado persistentemente deudas de EPS como Nueva EPS, que acumulan miles de millones y han llevado a cierres temporales de servicios en Valledupar y otros municipios.
La Secretaría de Salud Departamental gestionó autorizaciones para que el 74 % de los fondos ($4.014 millones) lleguen directamente a Empresas Sociales del Estado (ESE), beneficiando hospitales como el Rosario Pumarejo de López ($1.902 millones).
Recursos que sostienen la atención local
La Secretaría de Salud Departamental explicó que los fondos buscan fortalecer la gestión municipal del régimen subsidiado, optimizar el flujo administrativo y financiero, y respaldar la operación de las ESE.
“Este giro refleja un compromiso claro con los municipios y con nuestra red hospitalaria pública, porque entendemos que sin estabilidad financiera no es posible ofrecer servicios oportunos y de calidad”, señaló la gobernadora Elvia Milena Sanjuán Dávila.
Entre los municipios con mayores asignaciones se encuentran Valledupar, con $2.000 millones; Aguachica, con $495 millones; Agustín Codazzi, con $329 millones; y Bosconia, con $216 millones. Estos recursos, según la Gobernación, garantizan la financiación del aseguramiento de la población más vulnerable.
Un esfuerzo fiscal con impacto directo en las ESE
Del monto total, el 74% de los recursos, equivalente a $4.014 millones, fue autorizado para giro directo a los hospitales públicos del departamento, tras la gestión de la Secretaría de Salud ante las EPS. Entre las entidades que participaron de este proceso se encuentran Cajacopi, Famisanar, Nueva EPS, Asmet Salud, Salud Total y Mutual Ser, siendo Nueva EPS la que autorizó el mayor valor.
“Gracias a esta autorización, varias ESE del departamento recibieron recursos que inciden directamente en su capacidad de respuesta”, indicó Sanjuan Dávila. Entre los hospitales beneficiados se encuentran el Hospital Rosario Pumarejo de López, con $1.902 millones; el Hospital Eduardo Arredondo Daza, con $614 millones; y el Hospital Local Álvaro Ramírez González, con $222 millones.
Sin embargo, gerentes como los de Clínica del Cesar han roto en llanto en debates asamblearios describiendo un “colapso” por impagos de EPS intervenidas, con suspensiones de servicios y hacinamiento en urgencias. La Procuraduría ha instado a garantizar pagos para evitar riesgos al derecho fundamental a la salud.
¿Solución temporal o estructural?
Este esfuerzo fiscal protege la estabilidad local en un contexto de UPC insuficiente (16,49 % para subsidiado) y deudas de las EPS que superan $200 mil millones en el Cesar; su sostenibilidad tambalea sin reformas nacionales que cierren brechas y eviten incumplimientos recurrentes. Mientras la Gobernación y las alcaldías en el departamento lideran mesas de conciliación, el reto persiste para miles de cesarenses dependientes del régimen subsidiado.
