La leyenda cuenta que, en una remota aldea de pescadores, un turco codicioso dedicado al negocio de los burdeles, se propuso acrecentar su fortuna saltando al rentable negociado de lo público, mediante un modelo en el que su empresa con experticia en burdeles recibiría en concesión a 20 años, la administración de empresas públicas en diversos municipios del Caribe.
Fue así como en el Caribe se propagó la moda de concesionar empresas públicas, mediante una exitosa estrategia de persuadir alcaldes por medio de “argumentos técnicos y financieros” empacados en cajas de cartón, contando desde luego también con el beneplácito de los concejos municipales a los cuales citaban en lugares privados para hacerles entrega de los “argumentos técnicos y financieros” empacados en sobres de manila.
De allí se desprende una simpática historia de ficción en una aldea musical en donde, para la entrega de los sobres de manila, los concejales fueron citados a una casa de campo, de donde saldrían convencidos de la necesidad de concesionar su municipio al turco; hasta allí todo sería normal en una región que normalizó “la ley de Herodes”, si no fuera porque uno de los concejales de esta hilarante historia no logró acudir puntualmente a la cita. Situación que fue aprovechada por uno de sus aventajados compañeros, quien reclamó el sobre del concejal ausente, aludiendo que él exigía el doble de argumentos para lograr comprender mejor el proyecto de concesión.
Como es de esperarse en aldeas pequeñas, al día siguiente todos en la comarca sabían de la noticia y aplaudían la postura digna del concejal que creían que se había rehusado a asistir a la repartición de argumentos por razones de tipo moral; oh sorpresa se llevan cuando se enteran de que la verdadera razón por la que no acudió a tiempo se debió a que su vetusta motocicleta se había averiado a la mitad del trayecto y que, pese a que continuó el recorrido de parrillero en una humilde bicicleta, solo encontró en el lugar del encuentro sillas vacías y algunos sobres desocupados en el piso. Desdicha que irónicamente le libró de las investigaciones que posteriormente tuvieron que capotear los afortunados asistentes.
Esta leyenda urbana concuerda con otra acontecida en una carnavalera vereda de Macondo donde, bajo el mismo “modus operandi” (pero esta vez para aprobar una concesión en favor de una empresa extranjera), se citó a los cabildantes al décimo piso de un edificio abandonado para hacerles entrega de las cajas que contenían los “argumentos técnicos y financieros”. Pero en el desarrollo de la entrega, intempestivamente arribó el burgomaestre, no a supervisar la entrega de las cajas, sino a protagonizarle una escena de celos a su pareja del mismo sexo, quien era el encargado de la entrega de las persuasivas cajas.
Ante tan bochornoso espectáculo gay, un concejal propuso dejarlos solos en su reyerta y se ofreció amablemente para continuar la entrega de las cajas fuera del recinto a los colegas que aún no habían acudido; las cajas en este caso fueron entregadas, pero al parecer los argumentos técnicos no habían llegado completos.
Por inverosímiles que parezcan estas historias surrealistas, ese código ético hizo carrera como modelo de administración de lo público y se enquistó en cada uno de los rincones del Caribe colombiano; esa cultura de: “¡roba pero hace!” y de la “¡ley 80 aquí no tuvo acogida!” dicta por desgracia el proceder de lo público en el Caribe, no solo para aprobar concesiones sino para elegir contralores, personeros y también para aprobar millonarios empréstitos con los que se alimenta ese ciclo macabro de latrocinio; todo, absolutamente todo, está ya permeado por ese ánimo protervo de vandalizar lo público.
Mientras escribo estas líneas desearía gritarles a esos honorables latrocidas caribeños: ya basta, paren, tengan algo de misericordia con sus pueblos. ¿Qué les falta por desvalijar? Pero inevitablemente seguirán actuando con sevicia en un ambiente favorable para ellos donde sus víctimas normalizaron lo inmoral y pasaron a ser cómplices y coautores de sus desgracias.
Ese cáncer en el Caribe ya hizo metástasis y hoy en ese círculo de corrupción participan hasta las putas del pueblo y los veedores públicos, quienes ya hasta cobran cuotas y extorsionan a alcaldes en centros comerciales a cambio de su silencio; y ni qué hablar de los medios de comunicación los cuales, ante tanta dificultad para el ejercicio de sus profesiones y el sostenimiento de sus medios de comunicación, les toca escoger entre extorsionar o ser sometidos a los mal llamados “planes de medios”, a través de los cuales no solo están obligados a pautar la información oficial de alcaldías, gobernaciones, asambleas, universidades, institutos… sino que se les exige manejar líneas editoriales favorables a las de las administraciones, so pena de ser retirados de dichos planes. Es decir, aproveche 2×1 (pauta y silencio) por un mismo precio.
Es así como en Macondo, mediante tecnicismos y silencio, perfuman los bollos de la dirigencia criolla y, cual Poncio Pilato, alegan que: “Son los organismos de control los que deben actuar” (aun cuando saben que no ocurrirá, pues existe una descarada puerta giratoria donde los jefes de campaña de alcaldes y gobernadores pasan a ocupar los cargos de contralor y personero). Decir que eso que describo es una tragicomedia es poco… ¿Y el pueblo? Ese pueblo, ante la falta de oportunidades, se convirtió en un refrendador pasivo que ya hasta defiende a sus verdugos esperanzado en que su lealtad se traducirá en empleos o contratos.
Las consecuencias no son menores; varios municipios del Caribe hoy enfrentan sobreendeudamientos, algunos ya en ley 550 encabezan la vergonzante lista de ciudades quebradas de Colombia: pobreza mimetizada con cemento y aliñada con desempleo para una clase media arribista que a codos y con actitud servil defiende ese sistema que se resume en el adagio popular mexicano: “o te chingas o te jodes”.
Por: Laureano Santander Peñaranda Saurith / Exsubdirector UNP
