El caso del Programa de Alimentación Escolar del Cesar de 2015 hoy se entiende en dos tiempos. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia ya tomó una decisión definitiva en segunda instancia contra el exgobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco. Por el otro, el proceso que adelanta la Fiscalía contra exfuncionarios de la Gobernación del Cesar y una excontratista sigue sin llegar a juicio, pese a que han pasado años desde que legalizaron sus capturas.
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En sentencia del 10 de diciembre de 2025, la Sala de Casación Penal dejó en firme la responsabilidad penal de Monsalvo por peculado por apropiación agravado en favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, dentro del proceso por las irregularidades en la contratación del PAE.
En esa decisión, la Corte modificó la pena impuesta en primera instancia y fijó para Monsalvo 265,5 meses de prisión y 20 años de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
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La Corte también respaldó el eje económico del caso alrededor de una cifra concreta. En el análisis del contrato, el mayor valor pagado al contratista que se tomó como cuantía del peculado quedó en $1.537 millones.
¿Y el otro caso?
Mientras ese capítulo ya tiene sentencia definitiva, el expediente contra Jorge Eliecer Araújo Gutiérrez, exsecretario de Educación; Jaime Luis Fuentes Pumarejo, exsecretario General; e Ivis del Carmen Rosado Robles, excontratista, continúa detenido en la audiencia de formulación de acusación, que es el acto previo y necesario para iniciar el juzgamiento en un juicio oral.
En ese proceso, el pasado 15 de diciembre, el Juzgado Noveno Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Valledupar aplazó nuevamente la diligencia, esta vez por ambas partes.
El historial muestra que este no fue un hecho aislado. La audiencia de acusación ha sido cancelada casi 20 veces y, según la revisión del expediente, desde noviembre de 2019, cuando se legalizó la captura, el proceso no registra avances hacia la etapa de juicio. En el registro del caso quedaron anotados aplazamientos por situaciones como permisos del juez y ausencias de alguna de las partes.
El trasfondo del expediente es el mismo contrato del PAE de 2015 que está en el centro del fallo contra Monsalvo. En ese año, la Gobernación adjudicó el programa al Consorcio ‘Alimentación Escolar a Salvo 2015’, representado por María Angélica Araújo Noguera, integrado por la Fundación Kabala y la Asociación de Manipuladores de Alimentos del Cesar, con un valor de $17.145 millones y un plazo de 59 días calendario.
En esa línea del caso, la Fiscalía ha sostenido que hubo falta de planeación, sobrecostos y un detrimento patrimonial. La diferencia, a diciembre de 2025, es que el proceso contra Monsalvo ya fue resuelto por la Corte Suprema y quedó en fase de ejecución de la pena, mientras el expediente contra exfuncionarios y excontratista sigue sin instalar la audiencia en la que la Fiscalía acusa formalmente ante el juez de conocimiento.
