El próximo 11 de julio habrá una nueva jornada para seguir analizando los intereses territoriales del Cesar y La Guajira, evento que se llevará a cabo en la sede La Paz de la Universidad Nacional, con el fin de dar cabida a un diálogo en torno a los efectos del Acto Legislativo No. 03 del 2024 -que reformó la Constitución-, por medio del cual se fortalece la autonomía de los departamentos, distritos y municipios, tras la modificación de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de 1991, aumentando considerablemente las participaciones de transferencias de la Nación a los territorios.
Es un momento oportuno para ese nuevo diálogo territorial en razón a que en la próxima legislatura el Congreso de la República deberá debatir la creación de la nueva ley que tendrá que expedirse sobre la distribución de competencias territoriales.
Son jornadas de carácter técnico y académico que se vienen desarrollando en las distintas regiones del país bajo la coordinación de la Universidad Nacional, en conjunto con la Esap.
Para nuestro caso, que incluye a los departamentos del Cesar y La Guajira, se constituye en un evento muy necesario y que debe aprovecharse al máximo para así despejar inquietudes que rondan sobre todo lo relacionado con las competencias territoriales en esta región, máxime cuando aquí contamos con varios resguardos indígenas y ahora está en proceso de aplicación el Decreto 0488 del 5 de mayo de 2025 en el que el Gobierno nacional establece el marco normativo de los ‘Territorios Indígenas’, bajo la figura de las Entidades Territoriales Indígenas, ETIS, tema que abordamos en la nota editorial del pasado 19 de junio.
En esa ocasión sugeríamos que se hiciera un análisis profundo con expertos y voceros de las partes comprometidas para dar claridad institucional sobre esos temas. Este ejercicio brinda esa oportunidad para el debate que habíamos solicitado. “Hemos identificados dos modalidades: en la primera, dada la premura que tenemos de avanzar en la discusión del articulado, tiene que ser un debate muy técnico, de ingeniería jurídica, pero además de mucho conocimiento sobre las áreas que afecta. Las competencias están referidas a temas de salud, educación, agua para el consumo humano, saneamiento básico en general, etc. Por eso estamos obligados a citar expertos que conozcan el tema y puedan aportar mucho. Pero, en segunda medida, también convocamos a la ciudadanía para que nos brinden de primera mano los insumos e impresiones al respecto”, explicó Mario Juvinao Daza, director de la Escuela de Alto Gobierno de la Esap.
Recordemos que todo eso surge a raíz de la reforma constitucional que establece un incremento a los entes territoriales del porcentaje del Sistema General de Participación, SGP, hasta el 39,5 % de los ingresos corrientes de la nación, ICN, con una transición de 12 años, a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley que deberá aprobar el Congreso, cuyo aumento será gradual a partir del 2027 hasta lograr la meta en el 2036. El fin es fortalecer las finanzas de los municipios más pobres del país, que podrán usar hasta el 42 % de esos recursos para inversión y gastos de funcionamiento, lo cual les permitirá inversiones para ampliar coberturas de educación, salud y también en desarrollo rural productivo, entre otros. Ahí también está planteado otro debate: ¿están los entes territoriales preparados para administrar esta nueva magnitud de recursos con eficiencia, transparencia y enfoque en el desarrollo?
Se debería ilustrar sobre los alcances, por un lado, del Decreto 0488 del 5 de mayo de 2025 y, por otra parte, el Acto Legislativo No. 03 del 2024. ¿Se articulan, se complementan, son totalmente diferentes o todo estará sujeto a la nueva ley sobre la distribución de competencias territoriales? La mesa estará servida. Esperemos que esa jornada sea muy fructífera.
