Celebramos que las comunidades del norte de Valledupar hayan levantado, por ahora, el bloqueo en la vía que conecta con San Juan del Cesar. La decisión se produjo tras alcanzar acuerdos con la Alcaldía sobre una demanda que no es nueva, pero sí urgente, tal es el acceso efectivo al agua potable, un problema de vieja data y que ya no da más tregua.
Luego de muchas horas de diálogo entre las partes, se llegó a una solución provisional y fue así como la Alcaldía de Valledupar y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios abastecieron de agua potable a los corregimientos de Guacoche, Guacochito y Las Raíces, mediante el uso de un camión con capacidad aproximada de 1.800 galones del preciado líquido.
Por el momento fue mitigado el conflicto al desbloquearse la vía y permitirse el abastecimiento de agua, pero el problema de fondo continúa y tanto el alcalde Ernesto Orozco como las comunidades lo saben, no es algo fácil de resolver y que además requiere de una considerable inversión económica. “Hemos puesto la cara desde la administración. No es que simplemente vayamos a cambiar todo de la noche a la mañana. Hay que entender que esta es una obra que costó más de 9 mil millones de pesos y que recibió la administración con muchas falencias”, explicó el mandatario.
Bajo esa salvedad es que de ahora en adelante se debe abordar el problema para que, por un lado, la comunidad entienda que se necesita de tiempo, dinero y condiciones y, por otra parte, la administración municipal asuma un compromiso decidido, planificado y revestido de mucha voluntad política para poder sortear esa gama compleja de dificultades que ya todos conocen.
Valledupar no puede estar sometida a esa situación de zozobra por la amenaza de un nuevo eventual bloqueo de las vías del norte que comunican a esta capital con La Guajira, que eso no se vuelva una costumbre como sí ocurre en nuestro departamento vecino. A eso estamos expuestos, según lo expresado por los líderes comunitarios, quienes han sido claros al advertir que, si no hay cumplimiento, volverán a la protesta. Sabemos que no es la primera vez que estas comunidades deben recurrir a medidas de presión para ser escuchadas. Y con justa razón, lo que debería ser un derecho garantizado por el Estado, el acceso al agua limpia y segura, ha sido, por décadas, una promesa incumplida.
El alcalde Ernesto Orozco ha dado muestra de seriedad y voluntad para resolver el problema, eso es lo políticamente correcto y valoramos que el mandatario lo haya entendido así, es importante que él tenga claro que en sus manos tiene una oportunidad única para marcar la diferencia frente a otras administraciones municipales que fueron protagonistas de esa historia repetida de acuerdos firmados que no se cumplieron, que se archivaron en los escritorios oficiales mientras las comunidades siguen padeciendo las consecuencias por la falta de agua en sus hogares.
El momento invita a dinamizar el proceso de creación de la empresa de acueducto corregimental de la que ha venido hablando la actual administración, o por lo menos a revisar y definir de una buena vez su viabilidad legal, de ser así, podría constituirse en una buena opción.
La Alcaldía, que ahora ha dado un paso importante al sentarse a dialogar, tiene el deber moral y legal de garantizar que lo pactado no se convierta en papel mojado. El acceso al agua no puede seguir siendo una promesa falsa. Este es un tema de salud pública y de dignidad humana.
Aplaudimos que la ciudadanía también haya dado una muestra de voluntad al levantar el bloqueo, ahora el gobierno de turno tiene el compromiso de adelantar las acciones requeridas para las soluciones definitivas.
