Han transcurrido casi 3 meses desde que la Gobernación del Cesar adjudicó el contrato para construir la Avenida del Río. Las promesas de convocar mesas técnicas con actores de la sociedad civil aún no se cumplen, pero entretanto, se adelantan los conceptos jurídicos y urbanísticos que habilitarán sin reparos el avance de esta obra, que no está contemplada en los planos del POT vigente, ni en el plan vial departamental, pero que, a pesar de esto, obtuvo el respaldo de la Alcaldía.
En recientes declaraciones, el secretario de Obras del departamento insistió en que la vía se hará sí o sí porque esto permitirá “rescatar a un sector que lleva más de 30 años en el olvido”. La situación social de las personas que habitan la margen derecha del Guatapurí es la gran motivación para un proyecto que, aunque se insista en interpretaciones acomodadas de la norma, la vulnera. Es una intervención a gran escala que promete mejorar las condiciones de esas comunidades, pero que en realidad las instrumentaliza para justificar una vía arbitraria.
De los nueve kilómetros de pavimento que contempla la Avenida del Río, menos de la tercera parte corresponde a tramos que impactan directamente a los barrios y asentamientos de la margen derecha, principalmente el tramo 4. El resto del trazado, en especial los tramos 1, 2 y 3, atraviesa predios cuyo valor podría incrementarse después de la obra, pero que hoy no presentan condiciones críticas y cumplen una función en la protección del río. ¿No es posible entonces intervenir esos barrios, que representan menos de una tercera parte del trazado, sin abrir una vía por todos los demás lotes que hoy están entre la carrera cuarta y el río y que hacen parte de la zona de protección?
Recordemos que el POT reconoce a la vía paisajística diseñada en los planos que lo conforman, como límite urbano de la ciudad. Al moverlo convenientemente, se habilitan de manera tácita todos estos terrenos para ser urbanizados. Recordemos también que el municipio tendrá que aprobar un nuevo POT a más tardar en el 2027, con vigencia 2028-2039. La vía aparece entonces como la gran primera apuesta que presumiblemente valorizará esos predios e impulsará su urbanización a pesar de los riesgos y afectaciones medioambientales. De hecho, este es un proceso que ante los ojos de todos ya empezó, con licencias de construcción para diversos proyectos comerciales y habitacionales sobre la carrera cuarta.
Salvar a las familias de la margen derecha se ha convertido entonces en la excusa perfecta para un propósito que pasa por lo económico y lo político.
Por otro lado, la justificación para que el trazado no coincida con la carrera cuarta en los tramos anteriormente mencionados, es que el costo de hacerlo es más elevado. En este sentido se han mencionado estudios de factibilidad y costos por metros cuadrados, que dejan muchas dudas en cuanto a la rigurosidad en la evaluación económica del impacto ambiental, la pérdida de biodiversidad y de bosque seco tropical y la pérdida de lo que hace 11 años era una prioridad sine qua non para la ciudad: El Ecoparque del rio Guatapurí.
Aunque les parezca más costosa la vía como lo plantea el POT, el costo de perder el ecoparque cercenado por una avenida rápida es incalculable. Pero los órganos de gobierno han logrado de manera hábil, enredar las narrativas de esta obra valiéndose de justificaciones y excusas convenientes. Ya sabemos que la Avenida del Río se hará y se hará como la Gobernación lo decidió hace meses. Las mesas técnicas si es que se hacen, servirán como parapeto para reforzar esas narrativas y el río, será condenado a emparedamiento, tal vez hasta el día que se llene de fuerza y decida arrasar con todo.
Por: Mariana Orozco.
