El Comité Territorial de Justicia Transicional del Cesar volvió a sesionar con carácter extraordinario, esta vez con un tema urgente: la protección del pueblo indígena kankuamo ante el recrudecimiento de riesgos en su territorio ancestral, en la Sierra Nevada de Santa Marta.
La situación del pueblo kankuamo no es nueva. Esta comunidad indígena ha sido históricamente víctima del conflicto armado y, aunque cuenta con medidas de protección reconocidas por el Estado, en los últimos meses han vuelto a encenderse las alertas por la presencia y reconfiguración de grupos armados ilegales en la zona.
“Lamentablemente hay una presencia y reconfiguración de grupos armados ilegales que han venido generando afectaciones directas a los integrantes de la comunidad Kankuama”, advirtió la asesora de Paz del Cesar, Juana Pacheco. Recordó que esta situación “no es nueva, pero se ha intensificado e inclusive ha sido advertida de manera expresa por la Defensoría del Pueblo a través de la alerta temprana 020”, lo que llevó a que el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras ordenara la realización de este comité extraordinario.
Orden judicial pone presión a las entidades
El encuentro se desarrolló en cumplimiento de la orden judicial que decretó medidas cautelares para salvaguardar los derechos del pueblo Kankuamo y exigió un Comité Territorial de Justicia Transicional ampliado, con presencia de entidades nacionales y territoriales.
“El juzgado ordenó que se realizara este comité de justicia transicional ampliado de carácter departamental, en el que concurrieran no solamente los miembros de este espacio institucional, sino también entidades del orden nacional con miras a que haya resultados”, explicó Pacheco, al recalcar que el objetivo central es que el espacio “no fuese de solo trámite, sino que realmente se generen acciones concretas en favor del pueblo Kankuamo”.
La voz del pueblo Kankuamo y los riesgos en la Sierra
Durante la jornada, el cabildo gobernador del pueblo Kankuamo expuso directamente la situación de su comunidad, reiterando las condiciones de riesgo que enfrenta en su territorio ancestral por la presencia de grupos armados ilegales. Pacheco precisó que hoy existe “una reconfiguración del conflicto, una reconfiguración de los actores armados”, entre ellos “los Conquistadores de la Sierra y otros grupos armados”, frente a los cuales “el pueblo Kankuamo, como las comunidades que bordean o que están en la Sierra Nevada, son las que han venido siendo afectadas”.
En ese contexto, insistió en que una de las conclusiones centrales del comité es que se requiere “mayor articulación institucional” y que las autoridades nacionales y territoriales respondan al llamado del cabildo gobernador para que los compromisos acordados se traduzcan en protección efectiva en el territorio.
Medidas y compromisos de protección
La Unidad de Restitución de Tierras (URT), que actúa como apoderada dentro de la medida cautelar, presentó las condiciones de seguridad y riesgo identificadas, e instó a las entidades competentes a avanzar en el cumplimiento de las órdenes judiciales dirigidas a la protección de los derechos étnico‑territoriales del pueblo Kankuamo.
Por su parte, Pacheco destacó que durante el comité “se establecieron compromisos de mediano plazo” y que hubo “resultados importantes” por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en materia de seguridad individual y colectiva para el cabildo gobernador y la comunidad.
“Las conclusiones claras que hay es mayor atención por parte de la UNP, nuevas evaluaciones de riesgo tanto colectivas como individuales, una mesa interinstitucional liderada por el Gobierno Nacional, mayor celeridad en las investigaciones que está adelantando la Fiscalía en relación con denuncias que ya ha puesto el pueblo Kankuamo y, por parte de la Unidad de Restitución de Tierras, unos compromisos claves”, resumió.
También subrayó que la Gobernación del Cesar, a través de la Oficina Asesora de Paz, asumió el acompañamiento para hacer seguimiento a todos estos compromisos: “No solo buscamos cumplir lo que está solicitando la medida cautelar, sino reiterar el compromiso que siempre el gobierno departamental ha manifestado con la protección de nuestros pueblos indígenas”.
¿Qué piden hoy las autoridades indígenas?
En cuanto a las medidas inmediatas solicitadas por las autoridades Kankuamas, la asesora explicó que “existen unas medidas solicitadas directamente con la Unidad Nacional de Protección”, cuyas acciones y esquemas fueron socializados durante la sesión.
“Inmediatamente también se pusieron unas fechas muy cercanas para cumplir algunas peticiones expresas de la comunidad Kankuama”, señaló. Con la Fiscalía, agregó, “se concertaron acciones que van orientadas a la caracterización de las denuncias que ya han presentado y a hacer una mesa de trabajo para conocer los avances”. Pacheco indicó que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría Regional también fijaron una fecha para realizar visitas al resguardo.
Compromisos y seguimiento
Del comité surgieron dos compromisos clave de seguimiento: “El primero de ellos es un subcomité de prevención y protección de carácter municipal, en donde se estará articulando entre la Fuerza Pública y nosotros brindaremos acompañamiento, en aras de revisar una petición concreta que hay en una medida cautelar y que está relacionada con una directiva”.
“El otro compromiso de gran importancia es la mesa interinstitucional liderada por el Gobierno Nacional, con concurrencia de los niveles de gobierno tanto departamental como local y, por supuesto, el pueblo Kankuamo”, añadió.
