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Organizaciones campesinas y su vulnerabilidad ante la justicia

Ser un líder campesino conlleva a la provocadora estigmatización de ser señalado de subversivo o proclive a las autodefensas, todo depende de la reivindicación que se pretenda ocasionando rápidamente que la persona pase de las protestas a las paredes de una cárcel porque lo que se busca no es la aplicación de la ley, es la desarticulación y el final del movimiento que representa.

Organizaciones campesinas y su vulnerabilidad ante la justicia

Organizaciones campesinas y su vulnerabilidad ante la justicia

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La lucha de organizaciones que por años han reclamado sus tierras arrebatadas, que piden oportunidades y mejores condiciones en el campo o la intervención del Estado para proteger la vida de campesinos en medio de la guerra declarada por distintos grupos armados, termina exponiéndolos ante las autoridades y muchas veces sus propósitos altruistas se reducen a una batalla individual para demostrar su inocencia.


Ser un líder campesino conlleva a la provocadora estigmatización de ser señalado de subversivo o proclive a las autodefensas, todo depende de la reivindicación que se pretenda ocasionando rápidamente que la persona pase de las protestas a las paredes de una cárcel porque lo que se busca no es la aplicación de la ley, es la desarticulación y el final del movimiento que representa.


El proceder en estos casos se repite en todos y es un patrón, se reclutan personas para que con falsos testimonios afirmen que el líder campesino hace parte de estructuras armadas, que es un ideólogo político de una guerrilla o de paramilitares, también usan fotografías en reuniones para darle una interpretación distinta a la real y mostrarlo en campañas de adoctrinamiento en poblaciones apartadas allá en las montañas.


Igualmente pueden ser víctimas de montajes presentando a los líderes campesinos como parte de una cadena de narcotráfico encargados de incorporar raspachines para integrar la agroindustria de la coca y, sin buscarlo, son conducidos a las kafkianas audiencias judiciales sin comprender en qué momento se enredaron en cada una de esas denuncias.


Por esto, las organizaciones campesinas se esfuerzan no solo por elevar sus demandas ante las instituciones, también combaten las intenciones malvadas de quienes buscan aniquilarlas destruyendo la legitimidad de sus peticiones y exigencias usando como estrategia la persecución judicial de su adalid.


El Cesar ha sentido el impacto de este tipo de injusticias, en el 2022 mataron a Teófilo Acuña y Jorge Tafur quienes dedicaron su vida a defender el derecho a la tierra, los derechos de las comunidades campesinas, sus territorios y eran voceros de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Sur del Magdalena y Procesos de los Santanderes (CISBCSC), formaban parte del Coordinador Nacional Agrario (CNA) y del Congreso de los Pueblos.


Ambos fueron asesinados en el corregimiento de Puerto Oculto en el municipio de San Martín, Cesar. Hombres armados se presentaron y los mataron frente a sus familiares, antes de esta tragedia Acuña enfrentaba un proceso judicial por “rebelión”, posiblemente acusaciones soportadas con falsos testigos e informes amañados.


Esto no es nuevo y son los rasgos característicos de una población vulnerable, que sufre no sólo del abandono estatal, también de la furia del conflicto que deja la muerte violenta de muchos guerreros del campo; sumemos también la administración de justicia utilizada como instrumento despiadado para desmotivar y sacar del camino a quienes señalan un horizonte y le dan forma y lenguaje a las quejas por la falta de atención y abusos en el campo.


Carlos Andrés Añez Maestre

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