Valledupar y el departamento del Cesar enfrentan una escalada de violencia contra las mujeres en lo corrido de 2026, con al menos tres muertes confirmadas en la capital y casos en municipios cercanos que generan alarma social. Según reportes policiales y de salud, estos hechos incluyen presuntos feminicidios por parejas sentimentales y homicidios violentos de mujeres vulnerables.
Casos recientes en Valledupar
Karen Yulieth Solano Gil (35 años): Hallada sin vida el 8 de febrero en una casa en ruinas del barrio Doce de Octubre (carrera 14 con calle 22), con heridas de arma cortopunzante. Habitante de calle conocida en el centro de la ciudad, su muerte se investiga como homicidio, posiblemente ligado a consumo de sustancias en el sitio.
Betsy Liliana Ascanio (37 años): Atacada con arma blanca el 31 de enero en el barrio Chiriquí por su expareja, quien huyó. Falleció el 11 de febrero en la Clínica Santa Isabel, dejando una menor huérfana. Familiares exigen justicia ante la impunidad.
Ferminia Esther Pupo Benavides (49 años): Asesinada a balazos el 14 de enero en el barrio La Nevada. Investigaciones analizan su entorno social sin hipótesis descartadas.
Estos suman tres mujeres muertas en Valledupar en 2026, con 15 homicidios violentos reportados en la ciudad hasta febrero.
Casos en el Cesar y Sierra Nevada
En el departamento del Cesar y la Sierra Nevada se han registrado casos preocupantes de violencia contra mujeres. Bunkwaney Neymaya Arroyo Crespo, indígena arhuaca embarazada, fue asesinada presuntamente por su pareja el 11 de diciembre de 2025 en Pueblo Bello, dejando dos menores huérfanos y generando rechazo por la vulnerabilidad territorial indígena.
En Agustín Codazzi, Natalia Castrillo Benjumea fue hallada en una fosa en Llerasca entre el 20 y 24 de diciembre de 2025; el autor, Geovani Andrés Fuentes Salcedo, se entregó y confesó, siendo capturado por feminicidio. Finalmente, en Aguachica, Paola Arias de 28 años perdió la vida el 7 u 8 de febrero de 2026 en Tierra Linda por una puñalada de Yuzeth Camilo Osorio Pérez durante una discusión; el agresor se entregó y enfrentará cargos por feminicidio agravado.
Estos hechos destacan patrones recurrentes de violencia por parejas o entornos vulnerables.
Estadísticas y Sivigila
En 2026, el Cesar registra 125 casos de violencia física, sexual y psicológica por género contra mujeres, más 7 en gestantes; 78 % en estrato 1. Valledupar lidera con 39, seguida de Aguachica (17), Codazzi (12) y El Paso (11). Datos preliminares indican subregistro en tipificaciones judiciales, con solo pocos confirmados como feminicidios pese a móviles de género.
Número de casos según pueblo indígena en el Cesar de violencia contra mujeres. Imagen: Sivigila.
Sin embargo, el Sistema Integrado de Violencias de Género (Sivige), que consolida datos de Sivigila, Fiscalía y Medicina Legal, evidencia un preocupante repunte de la violencia en el Cesar durante 2025, con 980 casos registrados, principalmente en mujeres de 29 a 59 años (430 casos) y de 18 a 28 años (373 casos); Valledupar acumuló 346 de estos. La Fiscalía aportó al Sivige 2.074 denuncias por violencia intrafamiliar, donde el 76 % de las víctimas fueron mujeres (1.575 casos), y la capital cesarense marcó un récord histórico con 1.124 en el 2025, reflejando fallas en prevención y subregistro.
Casos por estrato socioeconómico en el Cesar. Imagen Sivigila.
Ante esta escalada, herramientas como Salvia —el Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de Violencias Basadas en Género, impulsado por el Ministerio de Igualdad y Equidad desde 2023— buscan contrarrestar mediante la centralización de denuncias, alertas tempranas, rutas integradas y monitoreo territorial. En el Cesar, su implementación al 100 % desde septiembre de 2024 prioriza la articulación estatal para superar omisiones y proteger a mujeres vulnerables, aunque persisten retos en su efectividad local.
Análisis experto
Angélica Arias, psicóloga y líder de la Red de Voceras y Voceros Párala Ya, distingue claramente entre feminicidio y homicidio: “Un feminicidio es la muerte de una mujer bajo cualquier circunstancia. El feminicidio, como lo establece la ley conocida como Rosa Elvira Celi, es un hecho que connota especialmente dos variables: la primera tiene que ver con que hay una muerte por su condición de género. Y dos, como lo plantea Laura Rita Segato, es que la violencia en este caso hace parte de un sistema que no atendió la escala de violencia que se presentó previa”. En su análisis, enfatiza la omisión estatal como agravante, ya que muchos casos son “evitables cuando hay omisión que es la mayoría de los casos, de parte de las entidades, y pues obviamente esa muerte ya tiene una responsabilidad del Estado por omisión”.
Arias critica la cultura machista persistente en Valledupar y Cesar, “vivimos en una sociedad donde culturalmente todavía sigue el patrón de subordinación, de dependencia y sometimiento de la mujer como propiedad de la pareja. Eso culturalmente se mantiene, es lo que llamamos eh las prácticas machistas”. Señala el “violentómetro” como escalada previa —”un feminicidio empezó en algún momento con un grito, empezó luego con un empujón, luego con una manipulación y así sucesivamente”— y vincula muchos casos a rupturas sentimentales: “la mayoría de los feminicidios se dan en el contexto en el que la mujer decide dejar a la pareja”. Esto representa un “alecionamiento, de castigo, de sanción por tener libertad”, perpetuando la idea de que las mujeres no son “sujetas de derechos como y ciudadanas”.
Angélica Arias, psicóloga y líder de la Red de Voceras y Voceros Párala Ya. Foto: Jesús Ochoa.
Frente a la impunidad y falta de impacto en políticas públicas, Arias cuestiona: “¿Cuáles son las estadísticas y los indicadores que nos van mostrando que al cabo de tantos años una política pública va teniendo un impacto en esta magnitud? Desafortunadamente así no está ocurriendo“. Urge articulación interinstitucional para evitar que cada entidad haga “su pedacito” sin resultados integrales.
La violencia sobre Solano Gil
Arias aborda el caso de Karen Yulieth Solano Gil —etiquetada como trabajadora sexual y habitante de calle— como ejemplo de vulnerabilidad extrema y discriminación social. En su entrevista con EL PILÓN, responde a la pregunta sobre posibles justificaciones por su oficio: “Hay una especie de servicia también al momento de ejercer la violencia porque no fue suficiente matarla. Es el sufrimiento que se le imprime adicional. Es de humillarla”.
Arias rechaza cualquier justificación cultural o moral: “Era una mujer que merecía vivir, ¿no tenía que estar también ella libre de violencias y protegida por el Estado?”. Enfatiza el “alecionamiento” implícito en la violencia extrema —tortura y humillación— como mensaje social: “al final si te das cuenta cuáles son los mensajes implícitos que quedan expuestos a al momento en el que los hechos ocurren”, vinculándolo a patrones machistas que niegan derechos a mujeres estigmatizadas.
Casos según agresor. Imagen: Sivigila.
Finalmente, Arias cuestiona políticas públicas y propone protección integral: “Desafortunadamente, mira, ni siquiera la política pública de Valledupar ha dado para responder a eso. […] desde el viceministerio de las mujeres, abordar con estas prácticas pagas, sexuales pagas, poderle generar unas garantías de protección para que ellas no tengan la esclavitud sexual como único medio de subsistencia”. Insiste en que, sin libertad real, no hay elección autónoma: “mientras no estén dadas unas garantías que les permitan a las mujeres tomar opciones distintas a solo eso (prostitución), deben ser protegidas por las vulnerabilidades que eso le genera”.
