En un debate realizado la semana pasada, el secretario de Infraestructura del Cesar, Jorge Maestre, expuso la ruta de un proceso sancionatorio contra el contratista responsable de la vía Aguas Blancas-Codazzi, una obra de 107.000 millones de pesos que presenta graves daños prematuros.
Pese a que no respondían las solicitudes para reparar los tramos averiados, la Gobernación del Cesar les adjudicó un nuevo proyecto millonario a principios de este año.
Una contradicción administrativa que se entiende por el poder de la que muchos llaman ‘Rosca cartagenera’. En enero, la administración departamental entregó la pavimentación de la vía Mariangola-Villa Germania por 60.666 millones de pesos al Consorcio Transversal Vial Nevada. Este grupo está conformado por las empresas Equipos y Construcciones del Caribe S.A.S. (70 %) y JTD S.A.S. Zomac (30 %).
Recomendado: “Chambonada”: vía Aguas Blancas-Codazzi costó $107.000 millones y se dañó enseguida
Estas mismas empresas, pertenecientes a la que muchos llaman ‘Rosca cartagenera’, fueron las encargadas de construir la fallida vía en Codazzi. En ese contrato anterior, el consorcio estaba integrado por Equipos y Construcciones del Caribe (50 %) y la firma Ingeniería y Construcciones del Cesar, que hoy opera bajo el nombre de JTD S.A.S. Zomac. Es decir, los mismos contratistas, pero con otra razón social, ganaron la nueva licitación mientras ignoraban los llamados por los daños en su obra previa.
Un proyecto con muchos traumas
Durante su intervención, Maestre entregó la cronología de un proyecto que inició en 2020 bajo la administración de Luis Alberto Monsalvo. Tras 34 meses de ejecución y múltiples prórrogas, la obra de 28 kilómetros se entregó en mayo de 2023. Sin embargo, al asumir el cargo en enero de 2024, el actual secretario encontró reportes pendientes por fallas no resueltas.
Recomendado: “Cuando los imperios van a caer se vuelven más peligrosos”: Quintín Quintero sobre altercado de José Jorge Monsalvo
Desde ese momento, la Gobernación inició una serie de llamados al contratista y a la interventoría para exigir explicaciones técnicas. Hubo solicitudes formales en enero, mayo y octubre de 2024, todas ignoradas. Pero nunca respondieron.
Ante el silencio, la administración ofició a Seguros del Estado en diciembre de 2024 y enero de 2025 para hacer efectiva la póliza de cumplimiento, la cual está vigente hasta 2028. Tampoco hubo respuesta.
El hermetismo sólo se rompió por la vía judicial. A mediados de abril, la Gobernación instauró acciones de tutela contra el contratista y la aseguradora. Un juez les ordenó pronunciarse en 48 horas, respuesta que finalmente radicaron la semana pasada. Según reveló Maestre, la defensa de los constructores se basa en que ellos se limitaron a ejecutar estrictamente lo que dictaban los diseños entregados.
Esta postura abre un nuevo abanico de responsabilidades. El jefe de Infraestructura advirtió que existen cuatro posibles actores involucrados: el diseñador, el interventor de los diseños, el constructor o el interventor de la obra.
Para que la administración pueda formalizar el proceso sancionatorio, la ley exige que la interventoría emita un documento cuantificando los daños exactos y definiendo los kilómetros a reparar. Una vez se establezca sobre quién recae la falla técnica, el caso pasará a los entes de control. “Eso será ante la Fiscalía General, la Procuraduría y la Contraloría. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que los responsables se hagan cargo”, concluyó el secretario. Lo extraño es que mientras iniciaban este proceso le adjudicaron otro contrato.
