Monte Sión, ubicado en Jerusalén, capital de Israel, es un lugar conocido por su importancia religiosa, histórica y por ser considerado un “espacio sagrado”. Caso contrario sucede con el predio Monte Sión, ubicado vía al corregimiento de Sabana Crespo, zona rural de Valledupar, una tierra que se ha visto manchada de sangre por una disputa territorial entre un sector del pueblo arhuaco y la comunidad kankuama asentada en dicho terreno.
La mañana del pasado lunes, 28 de abril, la comunidad kankuama de Valledupar denunció que más de 500 personas de la etnia arhuaca ingresaron a Monte Sión y destruyeron viviendas, una escuela, “profanaron” sitios sagrados y desplazaron a 74 familias asentadas en este predio que ha provocado agresiones físicas, verbales y hasta la presunta detención ilegal por parte de un sector del pueblo arhuaco de 20 kankuamos.
El conflicto por esta área de 24 hectáreas, ubicada a 15 minutos del centro recreacional La Pedregosa y en donde también está situado el resguardo Kankuamo Los Laureles, inició hace tres años cuando el pueblo kankuamo le compró el terreno a un particular, el docente Francisco Oliveros, según manifestó un miembro de esta etnia que prefirió omitir su nombre.
Según su versión, anteriormente en el sitio se realizaban actividades de comunidades cristianas y evangélicas. “Nosotros compramos la parcela a un civil con recursos propios hace tres años y a raíz de eso surgió un conflicto con los arhuacos asentados en zonas cercanas porque dijeron que esos predios no podían comprarse, que tenían que ser compartidos porque eso era de una comunidad arhuaca”, señaló.
Recuperación de la “tierra de nadie”
Sobre las denuncias de la comunidad kankuama, José Samuel Villafañe, miembro del pueblo arhuaco asentado en la zona oriental del resguardo de esta etnia, manifestó que el predio donde residen los kankuamos no es para habitar: es un espacio de pagamento del pueblo arhuaco y que los kankuamos debían utilizarlo como zona de recuperación, acuerdo que presuntamente fue incumplido porque edificaron viviendas en el predio.
“Ellos se identificaron como indígenas nuevamente después de la Constitución del 91. Cuando no tenían sentido de indígena, ellos vendieron esas tierras y nosotros las compramos. En el caso específico del Monte Sión con el tema de querer recuperarla se asentaron en un espacio y lo compraron, eso es legal, lo que nosotros vemos ilegal es que ellos irrespetan los acuerdos del manejo del espacio del territorio dentro del pueblo arhuaco”, dijo Villafañe.
Agregó que, por tal motivo, en ejercicio de su autoridad sobre el territorio procedieron a derribar las viviendas y demás estructuras construidas en el predio. “Se habló con ellos de que se iba a ver cómo sería el manejo en ese terreno. Solo podían tener unas personas vigilando el predio, no viviendo ahí y eso lo incumplieron”, puntualizó Villafañe.
Portones que dividen
Otro de los puntos del conflicto entre estas dos comunidades son los populares portones de hierro, una alternativa por la que han optado estas dos pueblos para delimitar el terreno “que les pertenece” e impedir la libre locomoción de quien quiera transitar.
Villafañe, miembro del pueblo arhuaco, aseveró que en el ejercicio del derecho que les otorga la Constitución Política colocaron un portón para el control del acceso a su territorio.
“Hemos tenido bastante conflicto con ellos por el portón. Nosotros considerábamos que habíamos pasado ese impase, pero por el pequeño predio que adquirieron colocaron otro portón y también están ejerciendo control sobre nuestro espacio siendo conscientes de que de donde está el portón hacia arriba habitamos nosotros”, dijo Villafañe.
En febrero del año 2024, estos portones fueron los protagonistas de otro altercado entre estos dos pueblos indígenas. Esto debido a que un grupo de arhuacos realizó un bloqueo en el portón de ingreso al predio Monte Sión, impidiendo la entrada de kankuamos y de los docentes que le brindaban educación a los niños de esta etnia indígena. La situación fue solucionada, pero continuaron las agresiones verbales entre estas comunidades y recurrentes “amenazas” de desalojo.
Crónica de un desplazamiento anunciado
Los impases tuvieron su punto más álgido en diciembre de 2024, cuando Federico Montero Pacheco, cabildo menor de Minakamena – Los Laureles, denunció que un número significativo de arhuacos que transitaba por la zona para dirigirse a la movilización en Valledupar de Zarwawiko Torres, advirtieron a las familias kankuamas asentadas en Monte Sión, que debían salir del terreno.
“No son todos los arhuacos, uno tiene que especificar, tenemos que señalar a las personas que vienen haciendo este atropello a su mismo pueblo, porque nosotros somos 4 etnias que hay en la Sierra Nevada, somos como hermanos, no debemos atropellar, más bien tratar de unificar”, dijo en aquel entonces Montero.
La Sierra Nevada de Santa Marta, además de ser considerada un pulmón de Colombia, es también un territorio sagrado para los pueblos indígenas que la habitan, entre ellos, los arhuacos, koguis, wiwas y kankuamos, quienes la reconocen como el corazón del mundo, un espacio espiritual y vital para el equilibrio de la naturaleza.
Sin embargo, aunque estos pueblos hermanos manifiestan que viven en armonía en esa vasta cadena montañosa, este conflicto pone en evidencia la fragilidad de los acuerdos de convivencia y la complejidad de las relaciones entre los pueblos indígenas. Un conflicto que hace imperativo establecer mecanismos de diálogo intercultural que permitan soluciones pacíficas, sin estigmatización y respetuosas de los derechos de los involucrados.
Los cabildos
En atención a este conflicto, el pasado lunes, 12 de mayo, en la Alcaldía de Valledupar, se realizó un Consejo de Seguridad Extraordinario en el que estuvieron presentes los cabildos gobernadores de los pueblos arhuaco y kankuamo, el cual tuvo como resultado la puesta en marcha de un plan de retorno para las 78 familias kankuamas que fueron desplazadas del predio Monte Sión.
De acuerdo con el secretario de Gobierno Municipal, Jorge Pérez , el plan retorno se llevará a cabo bajo el cumplimiento de tres requisitos fundamentales que son: la voluntad por parte de las comunidades, la seguridad que será garantizada por parte de la fuerza pública y el respeto a la dignidad de los involucrados en esta disputa territorial.
En ese sentido, el secretario de Seguridad y Convivencia de Valledupar, Pablo Bonilla, manifestó que le harán seguimiento a los dos cabildos para que establezcan lo antes posible una fecha para este plan de retorno que será acompañado por el Ejército Nacional, el Ministerio Público, entes garantías de los derechos humanos y autoridades locales.
Pese a este avance, Pérez manifestó que “estamos buscando es que se fije una fecha próxima para que se lleve a cabo el Consejo Territorial de Cabildos que en últimas es la instancia superior que puede resolver este conflicto”.
Por Redacción EL PILÓN
