Usuarios de Nueva EPS bloquearon este martes la sede de la entidad en la carrera 10 de Valledupar y obligaron al cierre de las instalaciones, en protesta por la suspensión de procedimientos, la falta de medicamentos, las demoras en remisiones y el aumento de tutelas e incidentes de desacato que, según denuncian, están poniendo en riesgo sus vidas y las de sus familias.
“Esto cada día está peor”: la voz de los usuarios
“Esto cada día está peor. La situación cada día es más crítica (…) ya no nos tratan como personas, sino como objetos”, afirmó Esperanza Arias, representante de los usuarios de Nueva EPS en el Cesar, al describir el nivel de desatención que viven los pacientes en la región.
Arias relató que esta mañana se presentó el cierre de las instalaciones por parte de una paciente de alto riesgo que debía viajar para una consulta en Bogotá, otra que perdió su cita por no recibir los tiquetes a tiempo y una tercera que aún espera confirmación de pasajes para no perder una cita que lleva más de seis meses gestionando.
Según Arias, la situación se agrava porque “las clínicas no cierran las puertas porque sí, sino porque Nueva EPS no cumple con los compromisos de pago”, lo que ha derivado en la negativa de algunos prestadores para recibir pacientes remitidos desde Valledupar, especialmente de alta complejidad.
“Lastimosamente los que estamos pagando las consecuencias de todo somos nosotros los usuarios, que no recibimos una atención digna, con calidad ni oportunidad”, reclamó, al advertir que hay pacientes del régimen subsidiado que, desde el 20 de marzo, no reciben medicamentos “ni siquiera un acetaminofén”.
Intervención en crisis y salida del interventor
La representante de los usuarios llamó la atención sobre el escenario de incertidumbre que deja la salida del interventor de Nueva EPS, en medio de la intervención especial que la Superintendencia Nacional de Salud ordenó sobre esta aseguradora en abril de 2024 por su delicada situación financiera y de gestión.
“Ahora se nos crece más la situación porque el interventor sale, entonces esto es peor. No sabemos quién nos va a recibir, en qué condiciones, si sigue la intermediación, si se para esto, qué va a pasar con Nueva EPS”, manifestó Arias al referirse al reciente relevo del agente interventor, Luis Óscar Gálvez, cuya renuncia fue solicitada por el presidente Gustavo Petro en marzo de 2026.
Desde que comenzó la intervención, la entidad ha tenido al menos cuatro cambios de cabeza interventora, sin que los usuarios perciban mejoría en la oportunidad ni en la calidad del servicio. “En este momento estamos sin interventor (…) han pasado cinco interventores en el tiempo de la intervención de Nueva EPS y cada día es peor la situación, más crítica, más deuda, más de todo”, resumió Arias, al insistir en que “el problema es financiero: Nueva EPS no cumple con los compromisos de pago, no paga, y por ende nadie quiere prestarnos los servicios”.
Tutelas, desacatos y 120.000 fallos sin respuesta
La crisis local se inscribe en un panorama nacional marcado por el aumento desbordado de tutelas y desacatos contra la EPS. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la entidad acumula más de 120.000 tutelas que ni siquiera han sido abiertas, a pesar de tratarse de fallos judiciales para proteger el derecho fundamental a la salud.
Arias sostiene que este escenario de tutelas y desacatos se refleja a diario en el Cesar, donde usuarios con enfermedades huérfanas, trasplantes y patologías de alta complejidad se ven obligados a recurrir a los jueces para acceder a medicamentos, tiquetes y procedimientos que deberían ser garantizados sin intermediación judicial.
“La Nueva EPS se volvió indolente ante esta situación tan difícil (…) cada día el sistema está poniendo muertos, y los paganos de todo eso somos nosotros los usuarios”, lamentó.
El drama de los desplazamientos y los viáticos
La paciente que bloqueó la sede de Nueva EPS en la carrera 10 se identificó como una usuaria de alto riesgo atendida en Bogotá por fallos de tutela, quien denunció que la EPS no le entregó a tiempo los tiquetes ni los viáticos para viajar a una cita que llevaba 13 meses esperando en una clínica del dolor y cuidados paliativos.
“Soy una paciente de alto riesgo (…) tenía que viajar ayer porque hoy tengo una consulta en la clínica del dolor y cuidados paliativos. No dan medicamento, me tienen autorizaciones, no me mandaron viáticos ni a mí ni a mi compañera”, explicó, al advertir que su caso constituye un “intento de homicidio culposo” por la omisión en la entrega de lo ordenado judicialmente.
La mujer aseguró que tiene incidente de desacato en curso y que, aun así, el gerente local “se esconde”, mientras los usuarios pierden citas especializadas por la falta de tiquetes y apoyo logístico. Relató además que lleva meses sin recibir exámenes diagnósticos como radiografías de columna y rodilla, que fueron ordenados en 2024 y reiterados en 2025, pero nunca programados por la EPS.
Arias confirmó que ha estado presionando ante el nivel central para que, al menos, se expidan los tiquetes de las pacientes que deben viajar a Bogotá y Medellín, pero enfatizó que las decisiones están completamente centralizadas en Bogotá y que las gerencias zonales “solo pueden hacer gestión, sin autonomía”.
“Si Nueva EPS no paga a los prestadores —medicamentos, tiquetes, hoteles, cirugías—, nadie va a querer prestar el servicio”, insistió, al alertar que la industria farmacéutica también ha reducido el suministro por el temor a una eventual liquidación o cierre de la entidad.
Colapso en el Cesar y alerta sobre el sistema de emergencias
La crisis de Nueva EPS en Valledupar se suma a un contexto departamental que ya ha sido advertido como “al borde de la alerta roja sanitaria”, por cierres en la red de clínicas y sobreocupación hospitalaria que han llevado a la Gobernación y a la Alcaldía a pedir auxilio al Gobierno nacional.
En noviembre de 2025, usuarios de la EPS ya habían bloqueado la carrera 10 y encadenado la sede por la suspensión de consultas, tratamientos y entrega de medicamentos, situación que derivó incluso en la llegada de la Procuraduría para verificar el cierre de servicios por falta de recursos.
Todos los días
“Pensé que la intervención iba a ser la solución, pero ha sido peor el remedio que la enfermedad. Esto ha acabado con los usuarios”, dijo Arias, quien asegura que continuará elevando las denuncias “todos los días” hasta que haya respuestas.
Organizaciones de usuarios y pacientes han pedido a la Superintendencia de Salud, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de Salud adoptar medidas urgentes para garantizar la continuidad de los tratamientos, el pago a la red de clínicas y la depuración de las tutelas represadas, antes de que la situación derive en una emergencia sanitaria mayor en el Cesar y el resto del país.
Hasta el cierre de esta edición, Nueva EPS no había emitido un pronunciamiento público sobre el bloqueo de su sede en la carrera 10 ni sobre las denuncias de los usuarios en Valledupar.
