Las próximas elecciones de Juntas de Acción Comunal (JAC) y Juntas de Vivienda Comunitaria del 26 de abril dejaron al descubierto en Valledupar y el Cesar un viejo conflicto de barrio: libros de afiliados que deberían estar abiertos hasta el 10 de abril, pero son manipulados o retenidos; presidentes “atornillados” en sus cargos, respuestas evasivas sobre proyectos financiados con recursos públicos y una ciudadanía que, entre la desinformación, la indiferencia y la indignación, aún no termina de apropiarse de estos espacios donde se definen obras y decisiones clave para la vida comunitaria.
“Nunca había participado, pero vi la corrupción desde la base”
Manfred Rodríguez, nacido y criado en el barrio 8 de Diciembre de Valledupar, admite que solo ahora está entrando de lleno en el mundo comunal, impulsado por lo que considera irregularidades en su barrio de origen. “Yo nunca he hecho parte, de hecho, hasta ahora es que me vengo como tratando de empapar un poco del tema porque he visto todas esas irregularidades y todo ese poco de corrupción que son la base de la corrupción, porque siempre han estado los mismos, siempre han montado a los que ellos han querido”, contó a EL PILÓN.
Según Rodríguez, el corazón del problema está en el libro de afiliados, requisito para votar en las elecciones de JAC y que, en teoría, debe estar disponible para toda la comunidad en manos de la secretaría de la junta.
“Tienen los libros manipulados, están escritos lo que ellos les parece, no inscriben a toda la comunidad como tal porque no se socializa bien el tema”, asegura, convencido de que la desinformación se usa como herramienta para cerrar el círculo de poder en algunos sectores.
Rodríguez insiste en que la juventud debería cobrar protagonismo en estas elecciones: “Desde los 14 años se pueden anotar en el libro y pueden votar por la plancha de la junta que ellos decidan, la que tenga mejor propuesta. Es un tema político y la juventud debe participar”.
Un parque de $60 millones bajo la lupa ciudadana
En el caso del barrio 8 de Diciembre, la preocupación de Rodríguez no se queda en la teoría. Él asegura que la Junta de Acción Comunal ejecutó un proyecto de parque por alrededor de 60 millones de pesos, con recursos públicos, y que la comunidad no ha tenido claridad sobre el alcance de la obra ni sobre el manejo de los dineros.
“La Junta de Acción Comunal ejecutó un proyecto de 60 millones, hicieron un parque… y es lo que yo he tratado de escudriñar ahora. Veo, como te dije, que son las bases de la corrupción”, afirma.
Para obtener información, Rodríguez interpuso un derecho de petición a la JAC del barrio en el que solicitó detalles sobre el estado de la obra, porcentaje de avance, copia del contrato, acta de inicio, estudios previos, diseños, cronograma, interventoría, fuente de financiación y las actas de socialización con el barrio.
No obstante, sostiene que la respuesta fue insuficiente e incluso irregular: “No me respondieron el derecho de petición como era, me respondieron sin firma. Por eso estoy haciendo una denuncia ante la Personería y preparando otra solicitud, porque no dicen nada claro”.
“Yo soy un ciudadano muy inquieto, me gusta proponer. Quiero que los barrios de Valledupar despertemos, porque hay personas que tienen mucho que aportar. Me gustaría que toda la comunidad participe, porque estas actividades son muy importantes”, asegura el ciudadano.
Contexto legal y fechas clave del proceso comunal
El proceso que hoy genera controversia en Valledupar está regulado por la Ley 2166 de 2021, que actualizó la organización y el calendario de las Juntas de Acción Comunal en Colombia.
Esta norma estableció que en 2026 habría elecciones comunales el último domingo de abril y que los dignatarios elegidos tomarán posesión a partir del 1 de julio, en un proceso que coincide en el mismo año con las elecciones legislativas y presidenciales, lo que ha incrementado el interés político sobre las JAC.
De acuerdo con los lineamientos del Ministerio del Interior, el calendario incluye etapas como: conformación del Tribunal de Garantías, afiliación al libro de afiliados, cierre de libros –previsto para el 10 de abril– y la jornada de votación del 26 de abril. La ley permite que jóvenes desde los 14 años se afilien y voten en las JAC, siempre que residan en el territorio y cuenten con documento de identidad, lo que, en teoría, debería convertir estas elecciones en una puerta de entrada temprana a la participación ciudadana.
“El libro sagrado”: quejas y respuestas oficiales
Las denuncias de Rodríguez encajan con el panorama que ha venido destapando la misma institucionalidad. En entrevista con Radio Guatapurí, el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, confirmó que el 26 de abril se renovarán las JAC en todo el país y reconoció que el libro de afiliados se ha convertido en “manzana de discordia” en varios barrios de Valledupar y otros municipios.
“El próximo 26 de abril las juntas de acción comunal del país tendrán renovación, habrá elecciones y ya se están preparando todos los aspectos logísticos y normativos de este calendario electoral”, explicó.
Frente a las quejas por la retención del libro, Esquivel fue tajante: “No puede estar el libro en manos de los presidentes. Hemos iniciado investigaciones porque no pueden coartar el derecho que tiene toda la comunidad de participar en las elecciones del 26 de abril”.
Durante la emisión, habitantes de barrios como Villa Leonor, Los Mayales, San Antonio, La Victoria, Galán, Villa Taxi, La Nevada, Los Caciques y el Obrero llamaron para denunciar horarios restringidos, libros guardados en casas particulares y dificultades para que muchos vecinos se inscriban a tiempo.
El funcionario respondió que un equipo interdisciplinario de la Gobernación recorre los barrios, incluso utilizando tiendas y droguerías como puntos neutrales para ubicar el libro: “Le pedimos al dueño de la tienda o la droguería que nos preste el espacio para que la gente vea el libro ahí y se inscriba”, dijo.
Esquivel advirtió que las elecciones podrían quedar viciadas si no se eligió oportunamente el Tribunal de Garantías o no se respetó la Asamblea General como máxima autoridad de la JAC, y señaló que estos casos se están reportando al Ministerio del Interior.
Pedagogía, apatía y riesgo electoral
A las tensiones internas se suma el contexto de riesgo electoral en el departamento. La Fiscalía General de la Nación ha advertido que el Cesar, y en particular Valledupar, se encuentran entre los territorios con mayor riesgo de delitos electorales, lo que incluye también los procesos comunales.
La entidad ha activado canales como la línea 122 y la plataforma “Denuncia fácil” para reportar compra de votos, manipulación del proceso, amenazas y otras conductas irregulares. Desde la Defensoría del Pueblo y otras entidades se insiste en que las denuncias ciudadanas son clave para activar investigaciones y frenar abusos.
En paralelo, el Ministerio del Interior adelanta campañas de capacitación sobre el proceso electoral comunal 2026, mientras experiencias en otras ciudades muestran que la pedagogía puerta a puerta y el uso de megáfonos, reuniones y redes sociales ayudan a combatir la indiferencia vecinal y a que más personas sepan quiénes son sus candidatos, cómo afiliarse y cuáles son las fechas clave.
Sin embargo, en barrios de Valledupar todavía se escucha el mismo reclamo: “Muchas personas no saben ni quién es el presidente de la Junta de Acción Comunal”, recordando que la falta de participación también es una forma de ceder el poder.
