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La dura y alarmante acusación del pueblo wayuu al presidente Petro por decreto de la Línea Negra

Autoridades wayuu califican de “genocidio espiritual” el nuevo decreto de la Línea Negra y piden frenar su aplicación sobre 181 puntos de su territorio ancestral.

Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, en el corregimiento de Camarones (Riohacha), uno de los puntos que las autoridades wayuu mencionan como ejemplo de cómo el nuevo decreto de la Línea Negra se superpone a normas ambientales. Foto: Parques Nacionales.

Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos, en el corregimiento de Camarones (Riohacha), uno de los puntos que las autoridades wayuu mencionan como ejemplo de cómo el nuevo decreto de la Línea Negra se superpone a normas ambientales. Foto: Parques Nacionales.

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Las autoridades wayuu pasaron de la inconformidad a un pliego de reclamos formales contra el Decreto 0514 de 2026, firmado el 19 de mayo, con el que el Gobierno Petro precisó la Línea Negra de la Sierra Nevada. En documentos radicados el 15 y el 19 de mayo ante la Presidencia de la República, el Consejo de Estado, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, sostienen que el decreto se apoya en una cartografía anulada, que la consulta previa fue “exprés” y que sus territorios ancestrales quedaron sometidos a decisiones tomadas sin su consentimiento.

“Los funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro, desconociendo abiertamente lo mandado por la Sentencia del Consejo de Estado y por la Constitución y la Ley, insisten en volver a expedir un nuevo decreto de la ‘Línea Negra’ de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada —para antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales— incurriendo en las mismas y otras irregularidades que ya fueron advertidas por los Magistrados del Honorable Consejo de Estado”, cita la petición.

¿Qué están reclamando las autoridades wayuu?

Las autoridades indígenas wayuu dicen que el nuevo Decreto 0514 se apoya en la misma cartografía de la Línea Negra que ya había sido anulada por el Consejo de Estado, incluyendo 181 puntos sobre territorios ancestrales wayuu en La Guajira. Sostienen que con esa cartografía se impusieron, de manera inconsulta, sitios sagrados de los pueblos de la Sierra sobre rancherías, resguardos, cementerios wayuu y playas de Dibulla, Riohacha y Manaure, lo que afecta su autodeterminación y gobierno propio.

Leer: Pueblo wayuu denuncia que fue “convidado de piedra” en la firma del Decreto de Línea Negra

Además, acusan al Gobierno de haber adelantado una “consulta previa atípica exprés” que no garantizó una participación real y vinculante del pueblo wayuu, pese a que en las reuniones participaron alrededor de 800 autoridades y líderes en tres municipios. Por eso afirman que, frente al nuevo decreto, “el pueblo wayuu fue un simple convidado de piedra” y que sus reparos jurídicos y culturales no fueron recogidos en el texto final.

Para las autoridades wayuu, el punto central de la irregularidad es que cualquier decisión cartográfica oficial sobre territorios y resguardos wayuu en La Guajira debía ser consultada previamente con sus comunidades y autoridades, como ordenan el Convenio 169 de la OIT, la Ley 89 de 1890 y varios artículos de la Constitución. Sostienen que es sobre sus territorios ancestrales —y no sobre los de la Sierra— donde operan las consecuencias catastrales, territoriales, administrativas y culturales del decreto, al que califican como una forma de “genocidio espiritual” si se impone sin ese consentimiento previo.

¿Qué piden que cambie el Gobierno?

En su pronunciamiento y petitorio, las autoridades wayuu le piden al presidente Gustavo Petro que ordene retirar de la cartografía oficial del país los 348 sitios y espacios de Línea Negra incluidos en el decreto de 2018 que fue declarado nulo, y en particular los 181 puntos fijados sobre territorios y resguardos wayuu sin consulta previa. Solicitan también que se saquen del nuevo decreto los artículos que adoptan esa misma cartografía como oficial, al considerar que se estaría “resucitando” un mapa que perdió fuerza legal.

Al mismo tiempo, reclaman suspender el trámite del decreto y del proceso de consulta previa mientras no se garantice una participación “real y vinculante” del pueblo wayuu en las decisiones que afectan sus territorios. Piden que cualquier definición sobre sitios sagrados o medidas administrativas en sus tierras se haga mediante consulta directa con sus propias autoridades, y no solo con los pueblos de la Sierra Nevada.

¿Qué le exigen a las entidades de control?

El pronunciamiento fue enviado al Consejo de Estado, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo para que intervengan. A esas entidades les piden abrir actuaciones preventivas, disciplinarias, fiscales y penales frente a funcionarios del IGAC, del Ministerio del Interior y de la Presidencia que, según los wayuu, estarían desconociendo la sentencia que anuló el decreto de 2018 y usando la misma cartografía en el nuevo.

Como ejemplo de los efectos que denuncian, citan el caso del parque natural Los Flamencos, en el corregimiento de Camarones, en Riohacha. Señalan que el nuevo decreto incluye allí un sitio de Línea Negra pese a que ya existen facultades y competencias ambientales claras en el Código de Recursos Naturales, la Ley 99 de 1993 y el decreto que regula el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. A su juicio, esto equivale a superponer un nuevo régimen territorial sobre normas previas y a “desquiciar”, sin estudio técnico, competencias de autoridades como Parques Nacionales y Dimar, además de las reglas especiales sobre playas y turismo.

También solicitan que se verifique si, al seguir usando esos 348 puntos de Línea Negra sobre bienes públicos, parques naturales y tierras étnicas, se violan principios como la primacía de la Constitución, la jerarquía normativa y el carácter inalienable e imprescriptible de resguardos y bienes de la Nación. Para ellos, insistir en ese camino podría configurar figuras como fraude a resolución judicial o prevaricato.

¿Qué puede pasar ahora con el decreto?

En el corto plazo, la principal consecuencia es que el Decreto 0514 nace bajo controversia y con un pronunciamiento wayuu ya radicado ante las máximas autoridades del Estado. Eso abre la puerta a nuevas demandas ante el Consejo de Estado contra el nuevo decreto, alegando que repite los mismos vicios de la norma anterior en materia de consulta previa y cartografía.

Mientras no haya una decisión judicial, el decreto sigue vigente y obliga a incluir la Línea Negra en la planificación ambiental y en la evaluación de proyectos en Cesar, Magdalena y La Guajira. Pero, si prosperan las acciones anunciadas, podrían venir suspensiones provisionales o nuevas órdenes de ajustar el mapa, revisar los puntos en territorios wayuu y rehacer parte de la consulta previa. 

En palabras de una reflexión incluida en el comunicado: “La legitimidad de un propósito bueno no autoriza a utilizar cualquier método para lograrlo, si con ello, se pierden el equilibrio y la armonía”.

Temas tratados
  • Cesar
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