En el corredor minero del Cesar se registró un caso particular. Un grupo de líderes de juntas de acción comunal promovió un cabildo abierto contra el alcalde de La Jagua de Ibirico, Leonardo Hernández, con el objetivo de exponer las principales problemáticas que enfrenta el municipio y porque, en sus palabras, “el alcalde nunca le contesta a los líderes”.
Según los organizadores, la iniciativa surgió en septiembre de 2024 ante las dificultades de la comunidad para acceder a espacios de diálogo con la administración municipal.
“En el municipio hay varias crisis que no han tenido respuesta. Entendemos que pueden existir limitaciones de recursos, pero hay problemas de fondo frente a los cuales el alcalde no se ha pronunciado. Por eso, un grupo de ocho líderes comunales decidimos impulsar porque consideramos que el estilo de gobierno del alcalde es distante: no hay acceso a él, no se logra concertar una agenda para atender las necesidades de la comunidad”, dijo Fernando José Gómez, uno de los promotores.
El 20 de junio de este año, la Registraduría Nacional avaló el mecanismo y notificó al Concejo Municipal para garantizar su realización.
Fernando José Gómez indicó que los líderes buscaban abordar temas relacionados con seguridad, empleo, agricultura, manejo de recursos, procesos judiciales que involucran a funcionarios de la Secretaría de Tránsito y denuncias sobre un presunto desfalco.
Sin embargo, el comité no asistió al cabildo programado para el 20 de agosto. A través de un comunicado señalaron que no hubo garantías por parte del Concejo Municipal en la organización del evento y que se desconoció el papel del comité promotor. Ante esta situación, los líderes anunciaron que llevarán el caso a la Procuraduría para que investigue el desarrollo del proceso.
La crisis minera
La Jagua de Ibirico atraviesa una crisis financiera desde la salida de Prodeco en el 2020, la cual se agravó con el covid-19. Según dijo hace varios meses el exalcalde Ovelio Jiménez, el municipio dejó de recibir alrededor de $20.000 millones anuales que entregaba Prodeco antes de su salida.
La disminución de los recursos, aunado a una nómina y costos de funcionamiento elevados, llevaron a que el municipio bajara a sexta categoría desde el 2023. Luego logró ser de quinta categoría.
El municipio destina más del 85 % de los ingresos corrientes de libre destinación, ICLD, a gastos de funcionamiento, superando lo permitido por la ley. Además, dichos ingresos corrientes, por la salida de Prodeco, disminuyeron a menos de 15.000 salarios mínimos.
