Diferentes sectores políticos, liderados por la representante Jennifer Pedraza, exigen explicaciones al Consejo Nacional Electoral sobre los más de 700 millones de pesos que ingresaron a la campaña de la exministra provenientes de un restaurante disuelto.
Una fuerte controversia política se ha desatado en las últimas horas en torno a la financiación de la campaña presidencial de la exministra Carolina Corcho. Las denuncias, que han tomado fuerza en el Congreso de la República, señalan graves inconsistencias en los reportes financieros presentados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
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Según lo revelado por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, y respaldado por voces de otros sectores, más de la mitad de los recursos de la campaña provienen de una fuente cuya capacidad económica es, por decir lo menos, cuestionable.
La investigación apunta específicamente a la empresa unipersonal denominada “Gusteau Chefcito Sigi ML JV EU”, la cual figura como responsable del 52% de los gastos de la campaña, mediante un préstamo reportado por un valor de 737,7 millones de pesos.
Lo que ha encendido las alarmas de los entes de control y de la opinión pública es que esta compañía, descrita registralmente como un establecimiento de venta de alimentos en el sur de Bogotá, se encuentra disuelta y en estado de liquidación desde abril de 2025, lo que hace inexplicable su capacidad para apalancar una campaña de tal envergadura.
A las dudas sobre el estado legal de la empresa se suman las paradojas financieras de su representante legal, identificado como Sigifredo. Mientras en los libros de campaña figura como un prestamista millonario, en la realidad administrativa del Estado colombiano aparece como una persona en situación de vulnerabilidad.
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Las bases de datos de la ADRES confirman que el ciudadano pertenece al régimen subsidiado de salud, pues no cuenta con capacidad de pago para cotizar en el contributivo. Además, se evidenció que esta misma persona se postuló ante el Departamento de Prosperidad Social (DPS) para recibir subsidios de economía popular, siendo seleccionado como viable para recibir ayudas estatales.
La denuncia detalla además que la empresa contaba con un capital registrado inferior a los dos millones de pesos y reportaba cero ingresos, lo que contrasta abruptamente con el desembolso multimillonario realizado. Incluso, la ubicación física del establecimiento genera suspicacias, pues la dirección reportada en la Cámara de Comercio es imposible de ubicar mediante herramientas de geolocalización.
Ante este cúmulo de irregularidades, Pedraza y otros congresistas han planteado públicamente la inquietud de si el país está ante un caso de testaferrato político, instando a las autoridades a determinar el origen real de dichos fondos.
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