El Sistema Estratégico de Transporte Público de Valledupar (SIVA) enfrenta un déficit operacional que asciende a los $18.500 millones, lo que está poniendo en riesgo su sostenibilidad a largo plazo. Sin embargo, esta situación podría cambiar con un proyecto de ley que busca con recursos del Gobierno nacional financiar los Sistemas de Transporte Público en Colombia.
La iniciativa liderada por la representante a la Cámara por Bogotá, Carolina Arbeláez, tiene como objetivo principal garantizar la operación continua, eficiente y de calidad de los Sistemas Integrados de Transporte Público (SITP), Masivo (SITM), Estratégico (SETP) y Regional (SITR), a través de un modelo de cofinanciación entre la Nación y las entidades territoriales, permitiendo la destinación clara y permanente de recursos.
Al respecto, el gerente del SIVA, Jaime González, comentó que “actualmente, la diferencia entre la tarifa que paga el usuario y la tarifa técnica real está siendo asumida por los entes territoriales; este proyecto, aparentemente, permitiría que ese diferencial tarifario sea cubierto también con recursos de la Nación, asegurando fuentes permanentes de financiación. Eso sería un verdadero salvavidas si llega a ser realidad”.
De acuerdo con González, el SIVA transporta diariamente 10.000 usuarios, menos de la mitad de los más de 20.000 que se proyectaron al iniciar su operación, lo que ha agravado el déficit. También señaló que el sistema enfrenta un reto adicional debido a que el valor que se cobra es menor al costo real de operación.
El proyecto salvavidas
Actualmente, el déficit financiero de los sistemas de transporte público en Colombia supera los $6 billones, y afecta directamente a millones de usuarios que dependen de este servicio para su movilidad diaria. En ese sentido, el proyecto asegura fuentes permanentes de financiación, incluyendo recursos del Presupuesto Nacional, que permitirán mantener y expandir la operación del SIVA.
En el caso de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público, SETP, la Nación realizará el pago hasta del 40 % del total de los aportes del convenio de cofinanciación, y el porcentaje restante de los aportes se realizará siempre y cuando la Entidad Territorial certifique la entrada en operación de por lo menos el 60 % de las rutas del respectivo sistema de transporte público.
Estas rutas deberán contar con el sistema de gestión y control de flota y el sistema de recaudo centralizado en funcionamiento. Para el usuario también contempla alivios que podrían aumentar su acogida en la ciudad: el proyecto especifica esquemas diferenciales para estudiantes, adultos mayores y población vulnerable, lo que representa un ahorro para el bolsillo de los usuarios.
Para mantener a flote la operación del sistema, la administración de González ha tenido que mantener las medidas implementadas desde 2024 para reducir costos operativos: suspender el servicio los domingos y festivos, y recortar una hora diaria de operación. Medidas que afectan la calidad del servicio aunque cuente con los aportes obligatorios de la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Valledupar que entran al Fondo de Estabilización Tarifaria.
Cofinanciación
De acuerdo con el texto del proyecto, la Nación y sus entidades descentralizadas podrán realizar inversiones dentro del Marco Fiscal de Mediano Plazo con un mínimo del 40 % y hasta por un 70 % en proyectos de sistemas de transporte público de pasajeros (SITM, SITP, SETP y SITR), con dinero administrado a través de una fiducia, o en especie de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Ministerio de Transporte.
En ese sentido, dentro de dicha reglamentación se tendrá en cuenta que los aportes en especie no podrán superar el 50 % del total del aporte del territorio. Las inversiones cofinanciables contemplan el servicio de deuda, infraestructura física, adquisición predial, planes de reasentamiento, sistemas inteligentes de transporte y adquisición total o parcial de vehículos nuevos o material rodante nuevo
Así como también cabinas de cables que estén integrados a los sistemas de transporte público con estándares de bajas y cero emisiones y/o que garanticen accesibilidad para población en condición de discapacidad y/o movilidad reducida.
En cuanto a la planta de personal, la iniciativa puntualiza que “en ningún caso se podrán cofinanciar gastos administrativos, de contratación o pago del personal requerido, honorarios, viáticos, gastos de viajes o similares de los Entes Gestores o las entidades encargadas de la operación de los SITM, SITP, SETP y SITR”.
¿Crónica de una muerte anunciada?
En 2022 llegaron a Valledupar 130 autobuses del SIVA provenientes de Italia para poner en marcha el sistema, aunque el documento Conpes preveía una flota de 184 vehículos (174 operativos y 10 en reserva). Con el paso del tiempo, los autobuses comenzaron a presentar fallas mecánicas, y actualmente están en circulación entre 60 y 80.
“Para operar todos los días se necesitan $18.000 millones. Las entidades dijeron que solo podían aportar $12.000 millones, y por eso se mantuvieron las medidas del 2024. No se prestan servicios los domingos y festivos porque cuesta el doble. La entidad se ahorra $3.300 millones al no operar esos días”, explicó González en un debate de control político en el Concejo de Valledupar
Esta disminución de vehículos ha impedido alcanzar objetivos claves como ofrecerles a los usuarios una frecuencia de entre 5 y 8 minutos entre rutas (actualmente pueden esperar un autobús por hasta 30 minutos) y transportar los 29.000 pasajeros diarios requeridos para el equilibrio financiero. Hoy el sistema apenas moviliza alrededor de 10.000 pasajeros por día y el déficit va en aumento a la espera de una “estrategia milagrosa” que parece estar lejos de llegar.
Por Namieh Baute Barrios
