La gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán Dávila, afronta un proceso penal que la llevará este martes 27 de enero ante la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia. La diligencia, programada para las 8:00 de la mañana, marca el inicio de la audiencia preparatoria, una etapa crucial donde la Fiscalía General de la Nación y la defensa técnica presentarán las pruebas que se debatirán en el juicio.
Los motivos detrás del proceso judicial
La investigación tiene su origen en hechos ocurridos durante el periodo 2016-2019, cuando Sanjuán Dávila se desempeñaba como alcaldesa del municipio de San Diego, Cesar. La Corte busca determinar si existieron irregularidades en la suscripción del contrato de compraventa No. 17-046 del 27 de marzo de 2017, mediante el cual la administración municipal adquirió un lote de terreno de 12 hectáreas, denominado “Sagrado Corazón de Jesús”, destinado a un proyecto de vivienda de interés social.
De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, la entonces mandataria habría incurrido en los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades. El ente acusador sostiene que el vendedor del predio, Juan Gerardo Arzuaga Rubio, presuntamente estaba inhabilitado para contratar con el Estado y que el proceso de selección habría sido direccionado para favorecerlo.
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El cambio de competencia y el fuero constitucional
Aunque el caso fue gestionado inicialmente por juzgados penales de Valledupar, la situación jurídica cambió tras la elección de Sanjuán como gobernadora el 29 de octubre de 2023. Al asumir el cargo el 1 de enero de 2024, la funcionaria adquirió un fuero constitucional que otorga a la Corte Suprema de Justicia la competencia exclusiva para juzgar sus actuaciones.
Bajo este nuevo marco jurídico, el expediente identificado con el número 01098 fue asignado al despacho de la magistrada Blanca Nélida Barreto Ardila. En la audiencia de este martes, se definirán qué elementos probatorios serán admitidos para que la mandataria departamental ejerza su derecho a la defensa y se esclarezca su responsabilidad en los hechos que hoy la mantienen bajo la lupa del máximo tribunal de la justicia ordinaria en Colombia.
