A través de redes sociales, los comerciantes de Mercaupar, la sociedad de economía mixta que administra los locales del mercado público de Valledupar, se quejaron porque los arriendos aumentarán acorde al incremento del salario mínimo del 2026, más un punto porcentual.
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“Como comerciante del mercado público alzo mi voz en nombre de mis compañeros. La medida que estableció la empresa Mercoupar de establecer los cánones de arrendamiento por el salario mínimo legal vigente más un punto, como está establecido en el contrato, nos asfixia el bolsillo. El reglamento interno establece que el aumento puede ser por el IPC o por lo que estipule el Gobierno. Solicitamos que se haga justicia y equidad, que podamos tener un trabajo digno”, señaló un comerciante a través de redes sociales.
¿Qué dice la gerencia?
Lilia Lucía Zabaleta, gerente de Mercaupar, explicó que la decisión no es un capricho administrativo, sino el cumplimiento de lo pactado en los documentos legales que rigen la relación con los comerciantes.
Mercaupar opera como una sociedad de economía mixta, donde el 60 % pertenece al socio privado Coomerva y el 40 % restante es propiedad del municipio de Valledupar. Esta estructura implica que la entidad está bajo la lupa constante de la Contraloría Municipal, lo que obliga a una rigurosidad absoluta en el manejo de sus rentas para evitar procesos por detrimento patrimonial.
Aunque el reglamento interno otorga a la Junta Directiva la facultad de elegir entre el IPC o el salario mínimo para ajustar las tarifas, los contratos individuales firmados entre Mercaupar y los arrendatarios ya establecen que el incremento anual será del salario mínimo legal vigente más un punto porcentual. Bajo esta fórmula, los comerciantes enfrentan un aumento del 24 % para este 2026.
¿Cuánto pagan de arriendo?
Actualmente, el mercado público cuenta con cerca de 750 locales, que incluyen 80 mesas de carnes y diversos puestos estacionarios. El valor del arriendo es proporcional al metraje y la ubicación; por ejemplo, en los sectores generales, el canon pasó de aproximadamente 117.000 pesos el año pasado a 147.000 pesos en la presente vigencia, incluyendo el IVA. Por su parte, los puestos de carnicería, situados en la zona de mayor valorización, quedaron fijados en 648.000 pesos con impuesto incluido.
Desde la administración defienden que estos recursos son necesarios para sostener la operatividad de una infraestructura intervenida en la administración pasada y que hoy ofrece servicios como aire acondicionado central, 245 paneles solares para la eficiencia energética, vigilancia desde las dos de la mañana para el ingreso de productos, aseo dos veces al día y fumigación permanente.
“No tengo la posibilidad”
Zabaleta fue enfática en que, como gerente, no tiene la potestad legal para reducir los arriendos, pues dicha decisión recae exclusivamente en la Junta Directiva. Sin embargo, cualquier ajuste a la baja debe estar blindado por un soporte técnico y financiero.
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Un concepto de un abogado externo advirtió a los directivos que reducir las tarifas sin un estudio de mercado o un informe que garantice la sostenibilidad de la empresa podría derivar en denuncias por administración desleal o detrimento patrimonial.
La situación financiera de la entidad también pesa en la balanza. En los últimos dos años se ha trabajado en organizar la casa, pues la actual administración recibió la empresa sin estados financieros y con deudas pendientes que obligaron a interponer denuncias penales. A pesar de la recuperación, los recursos propios aún no son suficientes para grandes inversiones sin afectar el flujo de caja.
La posibilidad de un alivio para los comerciantes dependerá de los resultados que arrojen los estados financieros a mediados de febrero. Con ese informe en mano, se determinará si la empresa puede reducir el cobro al IPC sin poner en riesgo el pago de salarios mínimos y los costos operativos, permitiendo así que la Junta Directiva tome una decisión fundamentada que no comprometa la responsabilidad legal de sus miembros.
Por Deivis Caro
