Aunque el departamento del Cesar salió de la lista de los departamentos más riesgosos para ejercer la profesión de periodista, en el último año se registraron agresiones contra periodistas provenientes de la Fuerza Pública. Con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP- hizo un informe sobre cuáles son los medios de comunicación, las zonas y los contextos en los que resulta más riesgoso ejercer el periodismo en Colombia.
Dicha información la realizó la organización colombiana con base en los ataques a la libertad de prensa registrados por la FLIP entre el tres de mayo de 2013 y el tres de mayo de 2015. Uno de los resultados es que el medio más amenazado de Colombia es Caracol Radio Guaviare, donde durante los últimos dos años, tres periodistas de Caracol Radio Guaviare han sido víctimas de nueve ataques. Cuatro han sido dirigidos específicamente a Érica Londoño, periodista del noticiero “Hoy por Hoy Guaviare”, y el resto han sido dirigidos a su equipo de reporteros.
Igualmente concluyó que las zonas más riesgosas para ejercer el periodismo son Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, por ser los lugares del país donde más se han registrado ataques a la libertad de prensa desde el tres de mayo de 2013. En este periodo de tiempo, la FLIP ha registrado 39 ataques a la libertad de prensa en Bogotá, que representan el 13,5% de los registrados a nivel nacional. En Antioquia fueron 33 ataques, equivalentes al 11,5% del total nacional y en Valle del Cauca 22, equivalentes al 7,6%. En los tres casos, los ataques más recurrentes fueron obstrucciones al trabajo periodístico, amenazas y agresiones físicas.
Según el director de la FLIP, Pedro Vaca, estos datos, sin embargo, no muestran un panorama completo de la situación, pues cada tipo de ataque representa un nivel de riesgo diferente y en cada lugar son más recurrentes diferentes tipos de agresión. Antioquia, por ejemplo, es el departamento en el que se registraron más amenazas a periodistas (17,6% de las registradas en el país), mientras que Bogotá fue el lugar en el que se registraron más obstrucciones al trabajo periodístico (19%) y agresiones físicas (16,3%).
Con estas cifras, la FLIP hizo un llamado a las autoridades de cada una de las zonas para que tomen las medidas necesarias para garantizar el libre ejercicio de la prensa. “Este llamado es especialmente importante si se tiene en cuenta que en Bogotá y Valle del Cauca la Fuerza Pública es el principal autor de los ataques a la libertad de prensa”.
Protestas, peligro para el periodista
En el periodo analizado se detectó que ocurrieron 53 agresiones a periodistas durante el cubrimiento de protestas en el país, en las que resultaron afectados 89 periodistas. Estas cifras posicionan las protestas como el contexto más peligroso para el cubrimiento periodístico y evidencian la falta de garantías para realizar este trabajo. En Valledupar esta situación se palpó en el mes de enero cuando los mototaxistas protestaron por la implementación de un decreto que restringía su movilidad, en cuya confrontación los periodistas fueron víctimas de agresión de parte de los protestantes y de los miembros del Esmad.
En esos hechos, al camarógrafo del noticiero de RCN televisión, Libar Maestre, un grupo de supuestos manifestantes le hurtaron su cámara y los intimidaron con armas corto punzantes.
De acuerdo con el informe de la Fundación, el 37% de las protestas en las que se registraron ataques a la libertad de prensa eran protestas campesinas, lo que se relaciona con los dos grandes paros campesinos ocurridos en agosto de 2013 y abril de 2014. Sin embargo, la FLIP ha registrado ataques a periodistas en protestas de todo tipo. Desde los grandes paros agrarios hasta las protestas ciudadanas por problemas locales, que se han convertido en situaciones de alto riesgo para los periodistas en Colombia.
Los ataques más reiterativos son las agresiones físicas, obstrucción al trabajo y detención ilegal. Golpes con piedras y palos, destrucción de material y de equipos son las situaciones más recurrentes en el cubrimiento de protestas.
Lo más preocupante es que más del 50% de estas agresiones fueron perpetradas por miembros de la Fuerza Pública. Por eso, la FLIP recordó a las autoridades que en el contexto de las manifestaciones es su deber proteger a los periodistas y garantizar que no sean detenidos, amenazados, agredidos o limitados de cualquier forma para ejercer su profesión, y a los manifestantes que no deben agredir de ninguna forma a la prensa porque son estos los que pueden transmitir sus demandas al resto de la ciudadanía.
Desafíos en la era digital
Otro de los puntos que identificó la FLIP es el crecimiento de internet como herramienta para la libertad de expresión que también trae desafíos para este derecho. Los debates alrededor de temas como las políticas de bloqueo y filtrado, la privacidad de los usuarios de internet y la neutralidad de la red apenas están surgiendo.
Un caso que es de especial preocupación en Colombia es el de Gonzalo Hernán López Durán, quien fue condenado a 18 meses de prisión por hacer un comentario ofensivo en el foro de una nota periodística publicada en el diario El País de Cali. Las expresiones hechas por López estaban relacionadas con Gloria Lucía Escalante, quien al momento de la condena era Directora de la Federación Colombiana de Departamentos.
López presentó una acción de tutela contra la sentencia en su contra con la representación del abogado Carlos Cortés y el apoyo de la FLIP. No obstante, la acción fue negada en primera y segunda instancia por la Corte Suprema. Posteriormente, la Corte Constitucional negó la selección del caso para revisión. En este momento, López solo cuenta con la posibilidad de que uno de los magistrados de la Corte insista en la revisión de su caso.
El caso de López es preocupante pues se trata de una sanción desproporcionada contra una persona que se refirió a asuntos que pueden ser de interés público y, que además, se encuentra en el marco del derecho a la libertad de opinión, que solo puede ser limitado en casos excepcionales. Así mismo, preocupa que se sancione una expresión que, aunque ofensiva, tiene poca capacidad de daño al ser solamente un comentario dentro de una nota periodística.
La restricción de cubrimiento más frecuente
La FLIP también se refirió en su informe de la frecuente existencia de limitaciones de acceso al cubrimiento de audiencias públicas en procesos judiciales. Son muchos los casos en los que los periodistas encuentran dificultades para ingresar a despachos judiciales para cubrir este tipo de eventos.
Estas situaciones son preocupantes, pues las audiencias judiciales son públicas en principio y las limitaciones para acceder y ejercer cubrimiento sobre las mismas son excepcionales. El desarrollo de los procesos es de interés público y su conocimiento por parte de la sociedad, más que un obstáculo, debe verse como algo favorable para la democracia, explicó Pedro Vaca.
Por Redacción / EL PILÓN
