En Colombia, durante 2025, una persona LGBTIQ+ fue asesinada cada 32 horas, mientras el Cesar se consolida como un territorio de riesgo emergente donde la violencia crece más rápido que la respuesta institucional, advirtió Caribe Afirmativo en su más reciente informe de derechos humanos.
“Un sistema que falla”: más homicidios y casi nula investigación
En el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, Caribe Afirmativo presentó el informe “Un sistema que falla: prejuicio, violencia e impunidad contra personas LGBTIQ+ en Colombia – 2025”, que documenta 270 víctimas mortales en el país, un aumento del 63 % frente a 2024, cuando se registraron 165 homicidios. “Se podría afirmar que casi no hubo ningún día en 2025 que no hubiera una persona LGBTIQ+ asesinada”, señala el documento, al precisar que se trató de una muerte cada 32 horas.
El informe destaca que la violencia intrafamiliar es la agresión más frecuente contra esta población, con 1.531 casos en 2025, y que las amenazas operan como “tecnología de control social”: de 1.184 personas víctimas de amenazas, el 99,8% de los procesos penales nunca superó la etapa de indagación. “El hallazgo central no es técnico sino político: el Estado colombiano no puede medir la violencia contra personas LGBTIQ+ porque estructuralmente no ha diseñado sistemas para hacerlo”, concluye el Observatorio de Caribe Afirmativo al analizar las fallas de Fiscalía, Policía, Medicina Legal y entes de control.
Cesar: cifras “bajas”, riesgos altos y subregistro
En el bloque de “Caribe y corredores emergentes”, el informe ubica al Cesar como un departamento con registros cuantitativos relativamente bajos, pero con señales de alerta por el cruce entre violencias, presencia de actores armados y debilidad institucional. En 2025 se documentaron 8 casos de violencia intrafamiliar, 7 delitos sexuales y 2 homicidios contra personas LGBTIQ+ en el departamento, además de advertencias por control social del ELN y disidencias en Chiriguaná.
Aunque el consolidado nacional de amenazas registra 9 personas LGBTIQ+ amenazadas en el Cesar durante 2025, Caribe Afirmativo advierte que “la ocurrencia baja no necesariamente indica ausencia de violencia, podría reflejar subregistro o debilidad institucional”, especialmente en territorios con conflicto armado y economías ilegales. El informe detalla, además, que Valledupar concentra el 44,4% de los homicidios contra personas LGBTIQ+ registrados históricamente en el departamento, lo que la convierte en el principal nodo urbano de riesgo.
Política pública LGBTIQ+ del Cesar: referente nacional con vacíos locales
El documento destaca que el Cesar aprobó recientemente una política pública LGBTIQ+ que, por su enfoque de derechos humanos alineado con los lineamientos del Conpes, se proyecta como referencia para otros departamentos del país. Para 2026, el gobierno departamental destinó 1.611 millones de pesos al desarrollo de esta política, lo que representa un esfuerzo presupuestal inusual frente al promedio regional en materia de diversidad sexual y de género.
Sin embargo, Caribe Afirmativo advierte que estos avances normativos “aún no se traducen en lineamientos claros para los municipios”, en particular para Valledupar, donde se concentra la mayor parte de las agresiones y persisten los subregistros. “La ausencia de directrices concretas y de presupuestos específicos en el nivel local mantiene un escenario de desinterés institucional y continuidad del riesgo para quienes viven públicamente la diferencia”, señala la presentación del informe al referirse a territorios con políticas en papel pero sin implementación efectiva.
Valledupar: reconocimiento sin presupuesto específico
En el caso de Valledupar, el informe recuerda que el Plan de Desarrollo Territorial reconoce que el 19% de los actos de discriminación en espacios públicos y privados afectan a personas LGBTIQ+, y advierte que esta normalización del rechazo puede ser antesala de hechos de violencia por prejuicio. Aunque la población diversa aparece mencionada en catalizadores y habilitadores del eje “Valledupar Digna y Social para Todos”, que concentra el 53% del presupuesto del PDT, no se asignan recursos específicos para acciones dirigidas a este grupo.El componente de Equidad y Género y Construcción de Paz plantea metas de 20 organizaciones sensibilizadas y 500 personas capacitadas en derechos humanos y prevención de violencia de género, pero no desagrega objetivos ni indicadores concretos para la población LGBTIQ+. “Más allá de las menciones, la pregunta que deja el informe es qué se ha avanzado realmente y cómo se va a articular la política pública departamental con un municipio que sigue siendo el principal foco de riesgo y, al mismo tiempo, el más rezagado en implementación”, plantea Caribe Afirmativo.
Por Katlin Navarro Luna/ EL PILÓN
