El conflicto armado en el territorio nacional ha afectado a toda la sociedad sin distinción de edad, género o estrato social. De manera especial el sector educativo se ha visto perjudicado por grupos al margen de la ley que reclutan estudiantes, atentan contra las escuelas y han declarado como “objetivos” a docentes para infundir miedo en la población, como se ha reportado en el departamento del Cesar.
De acuerdo con un informe del Laboratorio de Economía de la Educación, LEE, de la Pontificia Universidad Javeriana, el Cesar está entre los departamentos con reportes de alertas clasificadas como “inminentes” del Sistema de Alertas Tempranas, SAT, de la Defensoría del Pueblo relacionadas con el conflicto armado en el sistema educativo.
“En 2025, con datos a corte del 16 de marzo ya se han identificado casos en el 56 % del total de municipios reportados en 2024. Estos municipios se encuentran en los departamentos de Norte de Santander, Cesar, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Tolima, Huila, Caquetá y Amazonas”, puntualiza el informe.
En ese sentido, el estudio señala que el número de municipios incluidos en las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, donde los docentes son señalados como potenciales víctimas de las dinámicas del conflicto armado, alcanzó su valor máximo en 2022, con 73 municipios identificados. En 2024 esta cifra aumentó un 24% respecto a 2023, alcanzando 41 municipios, lo que refleja una preocupante situación de inseguridad en el país e incidencia de grupos al margen de la ley en entornos educativos.
Armas contra los educadores
El conflicto armado en el país se ha hecho presente en todos los estamentos de la sociedad porque las prácticas de violencia y delitos, buscan transformar los territorios para que sean espacios propicios para la ilegalidad.
En ese sentido, los docentes por su rol como líderes comunitarios y formadores de nuevas generaciones, son objetivo de dichos grupos porque a través de la educación, contribuyen a transformar las dinámicas asociadas a la economía ilegal, tales como cultivos ilícitos, narcotráfico, microtráfico, minería ilegal, entre otras. Además de que forman ciudadanos productivos y fortalecen el tejido social, función que no es beneficiosa para los grupos delictivos.
En consecuencia, el informe precisa que los docentes en territorios con alertas tempranas reflejan una tendencia persistente en la que anualmente hay 30 mil profesores en promedio en zonas de conflicto armado.
“En 2023, el total de docentes en Colombia ascendió a 494.374, de los cuales 438.137 son docentes de aula. De este total, 16.251 docentes se encontraban en territorios con alertas tempranas, lo que representa una proporción significativa del personal educativo afectado por la violencia y la inseguridad en el país”, argumenta el LEE.
¿La cifra va en aumento?
De acuerdo con datos del Sistema de Alertas Tempranas, SAT, de la Defensoría del Pueblo, el Sistema Integrado de Matrícula, SIMAT, el Censo C600 del Ministerio de Educación, y la Unidad de Víctimas, en 2024, el número de docentes en territorios con alertas tempranas aumentó a 17.618, lo que muestra una leve recuperación respecto al año anterior.
Sin embargo, a corte del 16 de marzo de 2025, ya se registra en el número de docentes afectados un total de 5.796, lo que refleja un aumento en el número de educadores vinculados a territorios con alertas tempranas emitidas en comparación con el mismo periodo de 2024.
De acuerdo con las alertas tempranas, en el 2024 el principal actor armado que genera problemáticas en las escuelas son las facciones disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del pueblo, Farc-EP, representando el 26 % de los casos.
Seguidamente el Ejército de Liberación Nacional, ELN, con un 20 % y los Grupos Armados de Crimen Organizado con un 16%. Además, actores armados transnacionales (11 %) y grupos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, y los Comandos de la Frontera, ambos con 9%, continúan ejerciendo influencia significativa. Aunque en menor proporción, organizaciones como el EPL, La Cordillera, La Oficina y Los Flacos también contribuyen a esta problemática.
Por Namieh Baute Barrios
