El próximo jueves 30 de octubre, las instituciones educativas oficiales de Valledupar no tendrán clases, en vista de que la Asociación de Educadores del Cesar (Aducesar) se unió al paro nacional de 24 horas convocado por Fecode, el cual tiene como propósito exigir garantías en la prestación del servicio de salud del magisterio.
De acuerdo con el presidente de Aducesar, Jorge Rivero, en el departamento del Cesar ha mejorado la prestación del servicio de salud, pero se unen a la movilización para exigir la estabilización del modelo y la defensa del régimen especial del magisterio, compilado en la Ley 91 de 1989, para que este no sea modificado por el Gobierno.
“Hasta el momento por acoger el paro no habrá clases en los colegios del sector oficial de Valledupar. Retornarán el viernes 31 de octubre, Día de Todos los Santos. Nosotros en los próximos días definiremos qué tipo de manifestación haremos. Estarán invitados los docentes, centrales obreras y comunidad en general que quiera alzar la voz por la salud del magisterio”, explicó Rivero.
Agregó que el cese de actividades académicas se realizará en apoyo a las denuncias de fallas en la prestación del servicio médico del Magisterio. En ese sentido, exigen investigación a entidades que anunciaron la interrupción total de servicios a los maestros a pesar de que los pagos han sido realizados.
¿Por qué el paro de 24 horas?
Fecode, a través de un comunicado, exige que la Fiduprevisora proceda con “una mayor decisión en la eliminación de las barreras de acceso” a la atención médica. “El paro no está en contra del Gobierno Nacional, pero sí exige mayores acciones para refrendar el derecho a la salud del magisterio y sus beneficiarios”.
También piden “declarar la sesión permanente del Consejo Directivo del Fomag” y lograr la “urgente unificación de criterios y acciones” entre todos sus integrantes para “resolver las problemáticas que se siguen presentando”.
El segundo punto del paro es la “radicación del proyecto de ley orgánica, que reglamentará el Acto Legislativo 03 de 2024 que reformó el SGP después de 22 años”. Fecode exige que el Gobierno se comprometa a usar el dinero que se logre recuperar para asegurar que toda la población tenga acceso a servicios básicos esenciales. Acotando así que estos fondos deben destinarse a la educación, la salud, y servicios esenciales como el agua para el consumo y el saneamiento básico.
De igual manera, piden que se investigue a aquellas entidades que presuntamente buscan establecer un manual tarifario sin acoger las directrices oficiales, poniendo en riesgo la sostenibilidad del Fomag (Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio).
Por Namieh Baute Barrios
