Este lunes 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro decretó un incremento del 23% en el salario mínimo para el 2026. Así, el salario mínimo pasó de $1.423.500 en 2025 a $1.750.905 el próximo año.
Esto impacta directamente los negocios que se pactan con el salario mínimo. Una vivienda nueva de interés social pactada en 135 salarios mínimos pasará de costar $192 millones en 2025 a $236 millones en 2026 en Valledupar, un salto de $44.199.675 en un año, impulsado por el aumento del Salario Mínimo Legal Mensual (SMMLV) fijado para 2026.
El impacto no proviene de un cambio en el número de salarios mínimos (se mantiene el referente de 135), sino del ajuste anual del SMMLV, que en Colombia suele ser la unidad usada para fijar topes y precios de la vivienda VIS. En la práctica, el mismo inmueble, tasado en salarios mínimos, “sube” en pesos automáticamente con cada decreto salarial.
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El nuevo valor llega en un momento en el que el acceso a subsidios nacionales luce más restringido. El Ministerio de Vivienda informó desde finales de 2024 la suspensión del registro de postulaciones adicionales al programa Mi Casa Ya y, en 2025, documentos oficiales han reiterado esa medida en el marco del esquema de preasignación y disponibilidad presupuestal. Para los hogares que buscaban cerrar su financiación con ese apoyo, el panorama se traduce en menos opciones y más presión sobre el ahorro y el crédito.
En el Cesar, el principal salvavidas queda en manos de la caja de compensación Comfacesar, a través del Subsidio Familiar de Vivienda (Fovis), al que solo pueden aspirar hogares afiliados que cumplan requisitos como ingresos de hasta 4 SMMLV y no ser propietarios de vivienda o lote. Aun así, no se trata de un apoyo automático: depende de convocatorias, recursos disponibles y actas de asignación.
El incremento golpeará con más fuerza a quienes ya habían “separado” vivienda o firmaron promesas de compraventa en proyectos VIS pactados en salarios mínimos, incluidos compradores sobre lote o sobre planos, porque el saldo y el cierre financiero pueden recalcularse con el nuevo salario. Para hogares que proyectaron el negocio con el SMMLV de 2025, el salto de más de $44 millones entre un año y otro puede obligar a buscar más crédito, extender plazos, aumentar cuota inicial o, en el peor escenario, desistir del negocio por no alcanzar capacidad de pago.
En Valledupar, donde una parte del mercado VIS se mueve precisamente bajo esa lógica de precios atados al salario mínimo, el 2026 arranca con una realidad difícil: vivienda más cara en pesos, un esquema nacional sin nuevas postulaciones en Mi Casa Ya y un subsidio local que, aunque clave, llega a un número limitado de familias.
