El aumento del 23,7 % del salario mínimo para 2026, que fija el ingreso básico en $1.750.905,
más auxilio de transporte hasta aproximarse a $2 millones mensuales, representa un alivio
evidente para los trabajadores formales de menores ingresos. En términos reales, descontada
la inflación esperada, se trata de uno de los incrementos más altos registrados en décadas
recientes.
Desde el punto de vista social, el efecto inmediato es positivo: mejora la capacidad de
consumo de los hogares asalariados y contribuye a corregir, al menos parcialmente, la pérdida
de poder adquisitivo acumulada. Este efecto ha sido reconocido incluso por economistas
críticos del mercado laboral colombiano, como Eduardo Sarmiento, quien ha insistido en que
los bajos salarios han sido históricamente un factor de debilidad de la demanda interna.
Sin embargo, el análisis económico no puede detenerse allí. El mismo Sarmiento advertía
que los aumentos salariales solo son sostenibles cuando se articulan con cambios
estructurales en la productividad y en la composición del aparato productivo. De lo contrario,
el mayor ingreso termina diluyéndose en inflación, informalidad o menor inversión.
