Los principales indicadores económicos del país enseñan un panorama bastante alentador, en el que la inflación disminuye, el precio del dólar se mantiene estable, aumentan el turismo y las exportaciones se diversifican, disminuye el desempleo a un digito, la pobreza se reduce marcando un hito histórico, aumentan el salario mínimo y la inversión en educación y pensiones, y según la reconocida revista británica The Economist, la economía colombiana es la cuarta mejor del mundo por su equilibrio entre crecimiento, estabilidad de precios y mercado laboral en el 2025. Sin embargo, aunque la economía nacional creció 3,4%, ubicándose por encima del promedio de las economías avanzadas incluidas en el estudio, el hueco presupuestal de 16,3 billones de pesos y las deudas que el país arrastra de gobiernos anteriores con intereses elevados, obligaron al Gobierno nacional a decretar la emergencia económica para garantizar la estabilidad financiera y la inversión social propuesta en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 en aras de la equidad y la justicia social.
Al cierre de diciembre, el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, explicó las razones que llevaron a declarar la emergencia económica, una medida orientada a recuperar e incrementar los ingresos de la nación para preservar la estabilidad macroeconómica y fiscal del país, luego de que el Congreso negara la Ley de Financiamiento.
El ministro señaló que, ante este escenario adverso, el Gobierno enfrentó una decisión clave: incrementar el endeudamiento o fortalecer los ingresos tributarios. Asimismo, sustentó que se escogió la opción más sana y razonable: ampliar los ingresos de las finanzas públicas a través de la tributación, ya que esta alternativa permite responder a las obligaciones del Estado sin comprometer la sostenibilidad fiscal.
Razones de la emergencia económica
La declaratoria de emergencia responde a factores estructurales que presionan las finanzas públicas, entre ellos se destaca:
- La negativa del Congreso a la Ley de Financiamiento, que dejó un vacío importante de recursos.
- El déficit en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema de salud, estimado en 3 billones de pesos, recurso con el que el Estado financia la atención de cada afiliado.
- Las necesidades de seguridad nacional, orientadas a garantizar la protección de la Fuerza Pública, su infraestructura y la capacidad de reacción del Estado.
- La atención de emergencias previsibles, como desastres naturales, entre ellos terremotos, que demandan respuestas fiscales inmediatas.
- Cubrir el aumento del monto que el Estado reconoce por cada ciudadano en la seguridad social en salud; más otros hechos fiscales.
“Ha sido un buen año económico”, afirmó el ministro Ávila, pero las finanzas públicas enfrentan dificultades estructurales que deben atenderse con acciones rápidas y contundentes.
Tributación progresiva para los más ricos y no se aplicará el 5x mil
El ministro de Hacienda fue enfático en aclarar que no todos los colombianos estarán sujetos a una mayor carga tributaria y descartó de manera explícita la implementación del 5 x mil, una medida que, reiteró, no ha sido contemplada por el Gobierno.
En su lugar, se plantea un modelo de tributación progresiva, enfocado en los mayores patrimonios. De acuerdo con lo explicado por el ministro, el esquema propuesto sería el siguiente:
- Patrimonios entre 3.600 y 6.000 millones de pesos: tarifa del 1 %.
- Patrimonios entre 6.000 y 12.000 millones de pesos: tarifa del 2 %.
- Patrimonios entre 12.000 y 100.000 millones de pesos: tarifa del 3 %.
- Patrimonios superiores a 100.000 millones de pesos: tarifa del 5 %.
También, descartó cualquier señal de desconfianza de los mercados. Por el contrario, la participación de inversionistas internacionales evidencia que Colombia mantiene un nivel significativo de confianza, con una economía en crecimiento.
El ministro concluyó diciendo que, aunque el 2025 ha sido un buen año económico, con resultados favorables, crecimientos positivos y actividad productiva estable, la emergencia económica busca proteger la estabilidad fiscal del país y mantener la inversión social, en educación, salud y pensiones, entre otros. Es un recurso transparente, necesario en esta coyuntura, legal y constitucional.
