El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, norma con la cual el Gobierno Nacional había fijado el salario mínimo mensual para la vigencia 2026 en $1.750.905, lo que representaba un aumento del 23 %.
La decisión fue adoptada al considerar que el Ejecutivo infringió el artículo 8 de la Ley 278 de 1996 durante el proceso de fijación salarial.
El alto tribunal determinó que el Gobierno sustituyó los parámetros legales obligatorios, como la inflación y la productividad, por el concepto de “salario vital” y estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para justificar el incremento.
El fallo señala que, pese a existir una inflación causada del 5,10 % y una productividad del 0,91 % en 2025, el decreto no explicó la incidencia concreta de estas variables técnicas en la cifra final del 23 %, basándose en una brecha de suficiencia material no prevista en la legislación colombiana como factor único determinante.
