Pese a la tensión social desatada en el corregimiento de La Mata y el temor de los trabajadores de la hacienda La Gloria sobre un inminente despido masivo por la supuesta entrega de tierras, la realidad jurídica del predio impide cualquier ocupación inmediata.
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La Agencia Nacional de Tierras, ANT, explicó que se encuentra actualmente inhabilitada para tomar posesión o administrar las 1.200 hectáreas de la antigua “Hacienda Bellacruz”, hoy La Gloria, consideradas como baldías, debido a órdenes judiciales vigentes que congelaron el proceso de recuperación de baldíos.
El obstáculo principal radica en una decisión del Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Barrancabermeja. Mediante una providencia del 16 de abril de 2018, este despacho ordenó la suspensión de todos los procesos iniciados sobre dichos predios. Esta medida cautelar deja a la autoridad de tierras sin facultades legales para ejecutar, a la fecha, la recuperación material de los terrenos con fines de reforma agraria.
A este bloqueo se suma que la resolución por medio de la cual declaró la indebida ocupación de 1.200 hectáreas por parte de las sociedades Frigorífico La Gloria y el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria, fue demandada y se encuentra bajo revisión del Consejo de Estado, tribunal que también decretó la suspensión provisional del acto administrativo.
¿Por qué funcionarios de la ANT visitaron los predios?
La presencia reciente de funcionarios que encendió las alarmas entre el gremio trabajador obedeció, en realidad, al cumplimiento del Auto 1732 de 2025 de la Corte Constitucional.
Este documento ordenaba realizar un concepto técnico-jurídico para diagnosticar el estado actual, físico y productivo de los predios, así como las condiciones de seguridad, más no implicaba una diligencia de desalojo ni de administración de la hacienda. Dicha visita había sido notificada con antelación a la Sociedad Hacienda La Gloria para coordinar la recolección de información, según la ANT.
Un conflicto antiguo
El conflicto sobre estas tierras inició hace varias décadas. Desde la Resolución 1551 de 1994, el Estado ha intentado clarificar la naturaleza jurídica de los terrenos, identificando que dentro de la hacienda existen tanto predios privados como baldíos de la Nación.
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Específicamente, se ha señalado la ocupación irregular de terrenos en los sectores conocidos como Potosí, Venecia, San Simón, Los Bajos y Caño Negro.
Sin embargo, hasta que no se produzca el levantamiento de las medidas cautelares dictadas tanto por el juez de restitución como por el Consejo de Estado, la institucionalidad no puede adelantar ningún trámite para que esos predios pasen a manos campesinas, manteniéndose el estatus jurídico que hoy protege la operación de la empresa en la zona.
