La Paz, Cesar, se alista para escuchar, este 24 de abril, una verdad que la región ha esperado por décadas: cinco antiguos comandantes del Bloque Caribe de las extintas Farc-EP deberán mirar a los ojos a las víctimas y reconocer públicamente su responsabilidad en los secuestros que marcaron a sangre y miedo la vida en el Caribe colombiano.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, los sentará en una Audiencia Regional de Reconocimiento de Verdad, luego de que este bloque fuera identificado como responsable del 15% de los secuestros atribuidos a esa guerrilla en todo el país, solo superado por los bloques Oriental y Noroccidental.
La herida abierta de ‘La Cacica’
En La Paz y en Valledupar es imposible hablar de secuestros sin que aparezca un nombre: Consuelo “La Cacica” Araujonoguera, la exministra de Cultura que fue plagiada en 2001 y asesinada cuando el Ejército intentó rescatarla, en un crimen que la JEP atribuye al Bloque Caribe. La memoria de “La Cacica”, figura clave del vallenato y de la vida pública regional, vuelve a escena en esta audiencia, en la que también se pondrá sobre la mesa el secuestro del exministro Fernando Araújo Perdomo, ocurrido en 2000 y prolongado durante seis años de cautiverio en la manigua.
Los llamados a responder son Abelardo Caicedo (‘Solís Almeida’), Osmany Landero (‘Hernando González’), Gilberto de Jesús Giraldo (‘Aldemar Altamiranda’), Luis Cuadras (‘Leonardo Guerra’ o ‘Leonardo Muñoz’) y Uriel Oviedo (‘Manuel Ortiz’ o ‘Mañe’), señalados por la JEP como máximos responsables regionales de los secuestros y otros crímenes cometidos en Magdalena, Cesar, La Guajira, Sucre, Bolívar y Barranquilla.
La Sala de Reconocimiento les imputó el crimen de guerra de toma de rehenes, homicidios, torturas, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y el crimen de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad, desapariciones forzadas, asesinatos, otros actos inhumanos y desplazamientos forzados, hechos que por su gravedad no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.
¿Qué verdad se esperará escuchar?
La investigación de la JEP documentó que el Bloque Caribe no solo secuestró para financiar su guerra, sino también para intercambiar personas por guerrilleros presos y para imponer control social y territorial en zonas como la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía del Perijá, Montes de María y La Mojana. En ese entramado de terror, el gremio ganadero fue particularmente estigmatizado como supuesto aliado del paramilitarismo y se convirtió en objetivo de secuestros, asesinatos y desapariciones forzadas, mientras las comunidades veían cómo las violencias vaciaban veredas y corregimientos enteros.
La audiencia de este 24 de abril llega después de años de contrastación judicial, versiones escritas y orales de 72 comparecientes de la antigua guerrilla y observaciones de 56 víctimas, en el marco del Caso 01, que acumula 4.439 víctimas acreditadas, de las cuales 827 señalan directamente al Bloque Caribe.
La JEP ya escuchó y sancionó al último Secretariado por las políticas nacionales de secuestro y ahora pone el foco en las estructuras regionales: en La Paz, el país volverá a escuchar los nombres de Consuelo Araújo Noguera y de cientos de víctimas anónimas, mientras se pone a prueba hasta dónde llega la voluntad de verdad de quienes un día tuvieron el poder de decidir quién vivía, quién moría y quién desaparecía en las trochas y carreteras del Caribe.
