En medio de lágrimas, abrazos y silencios cargados de años de espera, dos familias del Cesar comenzaron por fin a cerrar un capítulo doloroso de sus vidas. Entre el 21 y 22 de abril, en Valledupar, se realizaron las entregas dignas de los restos de Gloria Patricia Grajales Vanegas y Edwin Rafael Sarmiento Molina, víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado.
Las diligencias, lideradas por la Fiscalía General de la Nación y las salas de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, no solo marcaron un avance judicial, sino un momento profundamente humano para quienes durante más de dos décadas vivieron en la incertidumbre.
¿Quiénes fueron?
Gloria Patricia Grajales fue desaparecida el 27 de abril de 2002 en Bosconia, luego de ser sacada de un establecimiento público. Su familia, que durante años sostuvo la esperanza de encontrarla, hoy tiene un lugar para despedirse. “Poder iniciar el duelo” dejó de ser una frase lejana para convertirse en una realidad.
Una historia similar atravesó la familia de Edwin Rafael Sarmiento Molina, quien tenía 18 años cuando desapareció el 11 de mayo de 2004. Había salido de su casa en Valledupar rumbo al Batallón La Popa, donde prestaba servicio militar. Su rastro se perdió ese día. Sus restos fueron hallados en 2009 en zona rural de La Jagua de Ibirico, pero solo hasta ahora pudieron ser entregados. Después de 22 años, sus seres queridos tienen un sitio donde llevar flores, llorarlo y empezar a sanar.
Ambos casos fueron atribuidos a estructuras del Frente Juan Andrés Álvarez del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), hechos reconocidos por exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso y otros postulados a Justicia y Paz.
Una ceremonia privada
Durante las ceremonias, realizadas en el auditorio del Archivo Departamental, los magistrados insistieron en que estos actos hacen parte de un proceso más amplio de reparación. No se trata únicamente de devolver restos, sino de reconstruir la verdad y dignificar a las víctimas. En ese espacio, incluso, los responsables pidieron perdón y ofrecieron su versión de lo ocurrido.
“Estamos en un escenario donde reconocemos lo que estas familias padecieron”, expresó el presidente del Tribunal Superior de Barranquilla, Carlos Andrés Pérez Alarcón, al destacar que estos procesos buscan aportar algo de paz a los familiares.
El acompañamiento institucional incluyó a la Oficina Asesora de Paz del Cesar, la Unidad para las Víctimas y equipos forenses y psicosociales. Más allá del protocolo, el énfasis estuvo en el acompañamiento emocional y simbólico, entendiendo que cada entrega representa años de duelo suspendido.
Desnaturalizar la desaparición forzada
Juana Pacheco, asesora de Paz del departamento, lo resumió así: cada cuerpo que regresa es también un recordatorio de que la desaparición forzada sigue siendo una de las heridas más profundas del conflicto. “No podemos naturalizarla”, dijo, al tiempo que subrayó que estos actos también son una forma de exigir verdad y garantías de no repetición.
Los familiares, por su parte, aprovecharon el espacio para pedir justicia. Insistieron en que los responsables, hoy privados de la libertad bajo la Ley de Justicia y Paz, respondan plenamente por los crímenes.
En medio del dolor, quedó también un mensaje que se repitió durante las jornadas: la memoria persiste. Y en cada entrega, aunque no se borre la ausencia, se abre al menos un camino para nombrarla, llorarla y, lentamente, empezar a sanar.
