La propuesta del presidente Petro de establecer una zona económica binacional entre Colombia y Venezuela, vinculando al Cesar, La Guajira y Norte de Santander, junto a Táchira y Zulia, plantea oportunidades para una región golpeada por el abandono, el contrabando y la violencia. Se debe reconocer su potencial para revitalizar el comercio y el desarrollo; sin embargo, el actual contexto, marcado por la inestabilidad del régimen venezolano y riesgos asociados, no es propicio para un proyecto de esta magnitud.
La zona binacional podría transformar una frontera históricamente marcada por la informalidad y el crimen en un motor de desarrollo. En Norte de Santander, Cúcuta podría consolidarse como un centro logístico clave, impulsando el comercio formal y atrayendo inversión en infraestructura. En Cesar, los sectores agrícola y ganadero se beneficiarían con proyectos agroindustriales y de sustitución de cultivos ilícitos, generando empleo y arraigo. En La Guajira, el turismo y las energías renovables, con un enfoque en las comunidades wayuu, podrían recibir un impulso significativo. La cooperación en salud, educación y seguridad promete mejorar la calidad de vida en territorios donde el Estado ha sido históricamente ausente. Para los comerciantes, normas adaptadas al contexto y estímulos a la inversión representan una oportunidad para reducir el contrabando y fortalecer el comercio legal.
Pero los riesgos son innegables. La inseguridad en la frontera, especialmente en el Catatumbo, donde operan grupos armados como el ELN y el narcotráfico, representa un gran obstáculo. La falta de claridad en los marcos normativos y operativos genera incertidumbre entre los empresarios, quienes requieren reglas precisas para invertir. La devaluación del bolívar y las sanciones internacionales podrían desequilibrar los beneficios esperados. Además, la polarización política en Colombia, con críticas que acusan una supuesta “cesión de soberanía” al régimen de Nicolás Maduro, complica el respaldo político necesario.
El mayor obstáculo radica en la naturaleza del régimen venezolano, que nunca demostró con actas su triunfo en las urnas, lo que pone en duda su legitimidad democrática. Hacer negocios con un gobierno que ha incumplido reiteradamente sus compromisos comerciales es un riesgo que los empresarios colombianos conocen bien. Durante años, muchos comerciantes nacionales quebraron porque el régimen decidió no pagar ni mantener acuerdos. Esta historia de desconfianza lleva a concluir que el momento actual no es adecuado para una zona binacional. La falta de garantías del régimen venezolano y la ausencia de un marco político estable hacen que esta iniciativa sea prematura.
Aunque esta zona podría transformar la frontera, el contexto actual —marcado por la ilegitimidad del régimen vecino y múltiples riesgos— indica que no es el momento para avanzar. Los comerciantes colombianos merecen un entorno de confianza, con reglas claras y garantías de cumplimiento. El gobierno debe priorizar la estabilidad interna y esperar un escenario más favorable en Venezuela antes de embarcarse en un proyecto que, aunque ambicioso, hoy representa más riesgo que oportunidad.
Por: Ricardo Reyes.
