Vívido personalmente y narrado aquí con la mejor buena intención, como lo hago cada vez que me refiero a la administración pública y a sus oficiantes, en este caso a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar, de la que fui titular durante más de 10 años, y que actualmente dirige el distinguido profesional del derecho, doctor Fernando Ballesteros. Estoy convencido de que si los ciudadanos nos preocupáramos de buena fe por el correcto funcionamiento de los entes públicos, estos alcanzarían un mayor grado de eficacia. Porque el director, al percatarse de que hay algo que corregir, actúa como corresponde. También lo afirmo con la autoridad que me da haber sido guardador de la fe pública como Notario Segundo de Valledupar durante 11 años.
Los errores o caprichos de un funcionario público pueden generar efectos negativos directos y muchas veces incalculables. Cuando una información escrita emanada de otra entidad no es atendida sin justificación y se solicita ratificación expresamente, sin que lo prescriba una norma, se incurre en abuso de funciones. Caso concreto: en la oficina se le dijo a un usuario que, además del oficio que traía, debía enviar un “pantallazo” confirmatorio al remitente. Esto ocurrió por el capricho de un oficinista que recibió un oficio emitido por un juzgado y quiso estar más seguro del remitente.
Así, un trámite queda en espera, se duplican gestiones, y el usuario debe repetir procesos que ya ha cumplido. Esto no es sólo una molestia administrativa, es una carga real de tiempo, dinero y energía emocional. Cada capricho burocrático añade frustración, ansiedad y desconfianza en la capacidad de la administración para proteger cualquiera de los derechos básicos como en el caso presente, pero también podría extenderse a una atención sanitaria, de educación, de seguridad social, etc., etc. Los empleados públicos, que no son agentes de tránsito, no tienen por qué imitarlos en sus funciones: deténgase aquí, avance allá.
La calidad del servicio público se mide por su capacidad para resolver asuntos en vez de crear problemas. Cuando hay obstáculos indebidos, se generan demoras que pueden traducirse en consecuencias graves, por ejemplo, no poder llevar a cabo una cuestión urgente.
Se obtuvo el “pantallazo ” requerido, pero para muchas personas con menos destrezas dichas sobrecargas se vuelven una barrera de clase, de aquellos con menos capacidad de actuar sobre estos particulares, quiénes quedan excluidos o postergados. Tiene que recurrir a terceros, y el sistema en conjunto se vuelve costoso.
Este desgaste no solo podría afectar económicamente al individuo, sino restar la confianza social, con el disgusto consiguiente en las instituciones y en el Estado de derecho. Cuando una persona percibe que la burocracia no funciona, es menos probable que participe cívicamente y que cumpla de buena gana con sus deberes hacia el Estado.
Para mitigar estos efectos, es crucial simplificar trámites, y que las entidades públicas respeten entre sí sus comunicaciones, sin que sus funcionarios se vuelvan sospechosos de irregularidades o falsedades imaginarias de los respectivos tramites.
En última instancia, eliminar o disminuir estos errores no es sólo una cuestión de eficiencia administrativa, sino de dignidad cívica, cada ciudadano merece un servicio público que funcione con eficacia, celeridad, empatía y justicia.
Por: Rodrigo López Barros.
