Algunas frases caen sobre la plaza pública como relámpagos que desnudan el cielo. En días recientes, durante la socialización del proyecto de la Avenida del Río en Valledupar, un reconocido periodista de la ciudad lanzó al aire una expresión que, más allá de su aparente espontaneidad, abre un campo fecundo para la reflexión: “Ya esto se socializó, entonces los ingenieros y los buldócer van adelante y los abogados van detrás, basta de tanta explicación.”
No se trata de una frase menor. En ella se condensa un imaginario del progreso que conviene interrogar. Porque esa idea de que las máquinas deben abrir camino sin dilación, mientras el derecho se limita a seguirles la huella para justificar lo ya ejecutado, es un retrato de cómo en ocasiones se concibe el desarrollo: como un acto de fuerza, un arrebato de voluntad, casi una embestida.
Pero el verdadero progreso no es una carga de caballería. No se mide por el ruido de los motores ni por la velocidad de las palas mecánicas, sino por su capacidad de conjugar la técnica con la justicia, la eficacia con la legitimidad, la modernización con el respeto irrestricto por los derechos colectivos e individuales. Colocar los buldócer adelante es una metáfora poderosa, pero también peligrosa: sugiere que lo fundamental es abrir trocha, despejar el terreno a como dé lugar, mientras las consideraciones jurídicas, éticas y sociales quedan relegadas a un segundo plano.
Ese orden de prioridades puede convertir el sueño de desarrollo en una pesadilla autoritaria. La civilización se reconoce no por la ferocidad con la que impone su voluntad sobre el territorio, sino por la finura con que escucha, dialoga y acuerda. Los abogados —entendidos no como burócratas del litigio sino como encarnación del Derecho y de las garantías fundamentales— no deberían ir detrás, barriendo el polvo de los conflictos, sino delante, abriendo con su luz el camino de la legitimidad.
El Derecho, lejos de ser un obstáculo, es la arquitectura invisible que convierte la obra pública en una verdadera obra de civilización. Cuando el derecho guía, la obra no solo se construye: se construye bien, respetando el medio ambiente, los derechos de las comunidades, el patrimonio cultural y las formas de vida que se entrelazan en el territorio. Así, las máquinas no se vuelven instrumentos de avasallamiento, sino aliadas de un progreso que siembra futuro y no arrasa el presente.
Decir que los abogados van detrás es aceptar que el conflicto social es inevitable y que su papel será apenas el de legitimadores ex post, una suerte de notarios de lo irreversible. Pero un Estado social de derecho no puede reducirse a esa función tardía. Su deber es anticipar el daño, prevenir la arbitrariedad, garantizar que la obra que se ejecuta es la misma que la sociedad quiere, y que se ejecuta del modo menos lesivo posible para todos los intereses en juego.
La comunidad tiene un derecho inalienable a conocer, deliberar y decidir sobre el rumbo de las obras que transformarán su hábitat. Las avenidas no se construyen únicamente con concreto y asfalto: se construyen también con confianza, con legitimidad, con participación. La transparencia en el proceso no es un lujo académico ni un formalismo dilatorio: es la condición que convierte una obra en patrimonio común y no en cicatriz impuesta.
Por eso, quizá el verdadero orden deba invertirse: primero el Derecho, después los buldócer. No para frenar el impulso del desarrollo, sino para trazar el derrotero que evite la devastación. Que el derecho abra el camino, para que las máquinas lo recorran con certeza, sin miedo a demandas ni resistencias, con la tranquilidad de que lo que construyen es un consenso y no una fractura.
Así, el progreso se convierte en una sinfonía armónica y no en un estrépito de motores. Valledupar merece obras que dignifiquen su geografía y ennoblezcan su ciudadanía. Merece avenidas que no solo conduzcan automóviles, sino que conduzcan a una sociedad más justa, más participativa, más respetuosa de sí misma.
Quizá valga recordar, para cerrar, aquella advertencia de Montesquieu: “Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad”. Si dejamos que el progreso pase por encima de las garantías, terminaremos edificando avenidas que conducen, no al futuro, sino al desencanto. Que sea, pues, el Derecho quien guíe, para que cuando las máquinas avancen, lo hagan sobre un terreno fértil de consensos, y no sobre el silencio forzado de quienes no pudieron hablar.
Por: Jesús Daza Castro.
