Las sentencias conocidas hasta ahora, varias de ellas en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), han calificado estos hechos como graves violaciones de derechos humanos, homicidios en persona protegida y, en algunos fallos, como crímenes de lesa humanidad.
En un acto público realizado en el auditorio Sabanas de la Universidad Popular del Cesar, en Valledupar, el Ministerio de Defensa y el Ejército Nacional pidieron perdón y reconocieron responsabilidad por la ejecución extrajudicial de 23 personas que fueron presentadas ilegalmente como bajas en combate en hechos ocurridos en la región Caribe.
Durante la ceremonia, encabezada por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se asumió responsabilidad institucional por estos crímenes, en los que fueron asesinados indígenas de las etnias wiwa, kankuamos y wayuu, así como menores de edad y jóvenes de sectores populares. Las víctimas fueron reportadas como dadas de baja por integrantes de los batallones de Artillería N.° 2 La Popa y del Grupo de Caballería Mecanizado N.° 2 Juan José Rondón, en hechos cometidos principalmente entre 2004 y 2006.
“Esos hechos que hoy recordamos con profundo dolor jamás debieron ocurrir y por ningún motivo podrán repetirse”, afirmó el ministro Pedro Sánchez refiriéndose a las ejecuciones extrajudiciales de 23 personas cometidas entre los años 2003 y 2008 en los departamentos de Cesar y La Guajira.
El ministro resaltó la importancia del acto de reconocimiento de responsabilidad que se llevó a cabo en Valledupar, puesto que, según dijo, este permite que la sociedad en su conjunto y el Ministerio de Defensa como institución avancen en las garantías de no repetición.
Murieron bajo engaño
Las investigaciones judiciales demostraron que en ninguno de los casos existió confrontación armada, que las víctimas estaban desarmadas y que sus cuerpos fueron manipulados, uniformados y armados para fabricar resultados operacionales.
“En algunos casos las muertes fueron perpetradas por grupos de autodefensas, quienes entregaron los cuerpos a integrantes del Ejército para simular un parte de victoria. En otros, las víctimas fueron engañadas con promesas laborales y trasladadas desde Montería y Barranquilla hasta las jurisdicciones de las unidades militares responsables”, detalló el funcionario.
Entre las víctimas se encuentran, entre otros, Noemí Pacheco Zabata, niña indígena wiwa de 13 años; Deivis de Jesús Pacheco Hernández, de 17 años; el indígena wiwa Carlos Alberto Vega Camacho; los jóvenes wayuu Javier Pushaina Pushaina, Luis Ángel Fince Ipuana y Gasparito Cambar Ramírez, todos de 16 años; Néstor Oñate Arias, indígena kankuamo, y Víctor Hugo Maestre, reconocido líder comunal.
Testimonio de familiares
Las familias tomaron la palabra para relatar el impacto que estos crímenes dejaron en sus vidas. El hijo de Manuel Romero recordó que el asesinato de su padre ocurrió hace 23 años: “Fue muy duro para nosotros, mi papá era proveedor del hogar. Nosotros los perdonamos a ustedes, porque no quiero vivir con este resentimiento de que a mi papá lo mató el Ejército”.
Alba Rosa Ropero Abril, hermana de Alfredo Antonio Ropero, afirmó: “Venimos a este acto para dejar claro que mi hermano era un ser noble, sincero, que irradiaba amor y tranquilidad. Fue un soñador que creyó en la bondad de las personas y que partió a muy temprana edad por la maldad de quienes debían cuidarlo”.
Carmen Alicia Ruidíaz Vanegas, madre de Jaider del Carmen Valderrama, también intervino: “Jaider no era un delincuente ni un paraco. Se dedicaba a las labores de publicidad y peluquería. El 21 de marzo de 2003 fue sacado de la casa con engaños para un supuesto trabajo. Al día siguiente fue reportado como muerto en combate por miembros del Batallón de Artillería N.° 2 La Popa”.
El acto de perdón y reconocimiento de responsabilidad fue presentado como una medida de reparación simbólica en favor de las familias de las víctimas y de las comunidades afectadas, en el marco de los compromisos del Estado con la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. La Gobernación del Cesar, a través de su Oficina Asesora de Paz, participó como acompañante institucional de la ceremonia.
