EL PILÓN entrevistó a Jarith Gómez, director Territorial del Ministerio de Trabajo en el departamento del Cesar. El funcionario habló sobre las inspecciones realizadas, atención a conflictos laborales en sectores clave y seguimiento a problemáticas sensibles como la contratación en salud y la incertidumbre en minería. De cara a 2026, afirma que el desafío principal será llevar a la práctica la reforma laboral y avanzar hacia lo que denomina “paz laboral”.
Un año de trabajo en la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo en Cesar. ¿En qué se ha concentrado la entidad?
Primero, en garantizar derechos laborales con presencia real en el territorio. Cuando llegué, por disposición del ministro Antonio Sanguino, encontré una percepción muy instalada: que el Ministerio era solo “la inspección del trabajo”. La gente lo veía como una oficina para ir a quejarse, no como una entidad capaz de construir confianza con todos los sectores.
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El primer enfoque fue acercarnos a trabajadores y organizaciones que no se sentían visibles ni acompañados, tanto del sector público como del privado, y recuperar esa confianza para que los procesos tengan resultados.
En términos concretos, ¿qué balance entrega en inspección y vigilancia?
Hemos fortalecido la presencia territorial. En el año realizamos cerca de 786 inspecciones en los 25 municipios del Cesar, incluyendo 186 actuaciones en empresas del sector privado. También inspeccionamos el sector público, especialmente hospitales, porque allí se detectan modalidades de vinculación que se volvieron costumbre y que no siempre garantizan estabilidad ni derechos completos. Además, mantenemos presencia en sectores sensibles como el minero.
Usted ha hablado de alta “conflictividad laboral” en el Cesar. ¿A qué se refiere exactamente?
A conflictos entre trabajadores y empleadores por condiciones de contratación, pagos, tercerización, turnos, seguridad social o incumplimientos de acuerdos. Es importante diferenciarlo de los conflictos sociales. Una cosa es una protesta comunitaria por servicios o bloqueos de vías; otra son tensiones propias de las relaciones laborales. Si no se atienden a tiempo, pueden escalar y convertirse en un problema social más grande.
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¿En qué sectores se presentan los conflictos laborales más frecuentes?
En varios. Por ejemplo, en el sector palmero, especialmente en el sur del Cesar, hemos hecho monitoreo y acompañamiento para evitar que los desacuerdos terminen en huelgas o paros. Desde la inspección de Aguachica se atienden esos conflictos, y también se han hecho acompañamientos en municipios como San Martín, donde hay tensiones relacionadas con empresas y contratistas del sector petrolero. La idea es intervenir a tiempo, escuchar a las partes y encauzar soluciones antes de que el conflicto se agrave.
Pasemos al sector salud. ¿Cuál es la radiografía laboral que encuentran en Cesar?
Es una radiografía que se parece a la nacional: el Cesar no se escapa de la crisis del modelo de salud. En Valledupar, sobre todo en clínicas privadas, hay dificultades asociadas al flujo de recursos entre EPS y prestadores. Las clínicas dicen que no tienen recursos porque no les giran; desde el Estado se sostiene que sí hay giros.
En ese cruce, el que termina afectado es el trabajador: médicos, enfermeras, auxiliares, administrativos. Cuando no hay pagos oportunos o no se cubren aportes a seguridad social, hay vulneración de derechos laborales.
¿Qué está haciendo el Ministerio de Trabajo frente a esa situación?
Hemos convocado mesas de diálogo y concertación con trabajadores y clínicas para buscar acuerdos verificables. Pero también aplicamos la norma: cuando se incumplen obligaciones laborales, se sanciona. Y esto lo digo con claridad: no es un motivo de orgullo, porque la idea no es sancionar, sino que se cumpla la norma y se proteja el trabajo. Sin embargo, se han impuesto sanciones por incumplimientos relacionados con seguridad social, estándares mínimos de seguridad y otras obligaciones laborales.
¿Y qué pasa con los hospitales públicos?
Allí también hacemos inspección y verificación de modalidades de vinculación laboral. Se revisan condiciones de contratación y prácticas que, en la práctica, pueden precarizar el empleo o afectar continuidad y pagos. Nuestro trabajo es requerir, hacer seguimiento y exigir correcciones cuando corresponde, porque el sector público también está obligado a cumplir normas laborales.
En minería, ¿cuál es el principal tema laboral hoy?
Hay una realidad que no se puede omitir: el carbón es un recurso finito. La actividad minera puede cesar porque se agote el recurso o porque una empresa decida dejar de operar. En el Cesar, el carbón no se ha acabado; los niveles de producción e inventarios se mantienen.
Pero hemos visto decisiones empresariales como el cierre de Prodeco hace algunos años, que se atribuyó a razones de rentabilidad. En medio del debate por la transición energética, el reto laboral es preparar a los trabajadores para escenarios futuros y no alimentar el miedo.
¿Qué acciones concretas se están haciendo para esa reconversión laboral?
Tengo una buena noticia. Se aprobó una bolsa de 19.000 millones de pesos para proyectos productivos dirigidos especialmente a trabajadores y organizaciones del sector minero en el Cesar, a través de instrumentos como Fondo Emprender del SENA. Además, con la Agencia de Cooperación Francesa se está desarrollando un piloto relacionado con la reconversión laboral para trabajadores del sector.
La idea es que existan alternativas productivas reales, porque el departamento no está plenamente preparado para depender de economías distintas al carbón.
La intención es que arranquen dentro del próximo año, con iniciativas ya modeladas a través de Fondo Emprender. Es una apuesta que busca pasar del discurso a proyectos productivos concretos.
De cara a 2026, ¿cuál es el mayor reto para la Dirección Territorial?
Que la reforma laboral se implemente de verdad en el territorio. Que no se quede en el papel. Ahí entran temas como el contrato de trabajo para aprendices, la reducción de jornada en los términos definidos, y la exigencia de garantías para quienes realizan prácticas e internados en salud.
Por ejemplo, la reforma establece obligaciones sobre seguridad social y un bono en ciertos casos. Nosotros vamos a tener que acompañar esa implementación, orientar, exigir cumplimiento y mediar donde haya conflictos.
Usted habla de “paz laboral”. ¿Cómo la define?
Es el punto de encuentro entre trabajador y empleador. No significa que no haya diferencias; significa que se tramiten con diálogo, reglas claras y cumplimiento de obligaciones, sin que el conflicto se vuelva permanente. El departamento necesita empresas que generen productividad y empleo, pero también trabajo digno. El Ministerio está para aplicar la norma cuando se incumple y para proponer salidas cuando hay voluntad de resolver.
