Desde hace más de cuatro años, alrededor de 36 familias habitan un asentamiento conocido como ‘La mano de Dios’. En ese terreno la Gobernación del Cesar planea construir el nuevo Hospital Cristian Moreno Pallares en el municipio de Curumaní.
A principios de mayo se abrió la licitación en el Secop II y, si el proceso no es declarado desierto, la ejecución del contrato arrancaría en unos 60 días. Pero antes deberán reubicar a las familias que invadieron. EL PILÓN dialogó con líderes de la zona, quienes explicaron que ya no viven en cambuches improvisados, sino que han levantado viviendas con acceso a energía y alcantarillado.
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“El siete de noviembre cumplimos cinco años de estar acá. Somos 36 familias, lo que incluye a más de 30 niños. Dialogamos con la Oficina de Planeación y nos dicen que debemos reubicarnos, pero no se han acercado para socializar hacia dónde supuestamente nos vamos a mudar”, reclamó una vocera del sector. La comunidad mantiene una postura firme: exigen hechos y garantías para los menores antes de abandonar el predio.
Ante este panorama, este medio consultó al alcalde de Curumaní, Hermes Martínez, sobre las acciones de la administración para evitar que el millonario proyecto quede en el aire.
“Desde el 2023, con el entonces alcalde Henry Chacón, hicieron un acuerdo para desalojar siempre y cuando llegara el proyecto del nuevo hospital. Ya estamos buscando un lote y adelantando reuniones con ellos para garantizarles una reubicación en un terreno con servicios públicos”, explicó el mandatario local.
¿En qué consiste la obra?
El proyecto maneja un presupuesto oficial de 150.502 millones de pesos y tiene un alcance regional, pues busca aliviar el colapso médico que hoy afecta a las poblaciones de El Paso, Manaure, Curumaní y Agustín Codazzi.
A nivel local, la obra promete resolver una crisis histórica de infraestructura. Desde 1995, el actual Hospital Cristian Moreno Pallares creció sin planeación arquitectónica, anexando viviendas aledañas de forma improvisada. Esto generó un incumplimiento directo de la norma de sismorresistencia NSR 10, obligando a la entidad a alquilar otros inmuebles para poder funcionar.
La situación actual es crítica. El hacinamiento en urgencias ha forzado al personal a atender pacientes en sillas plásticas acondicionadas como camillas. La sobredemanda rebasó por completo la capacidad física del lugar, que hoy carece del espacio y la distribución adecuados para manejar el flujo diario de enfermos.
