Carlos García tiene 55 años. Estaba cerca de pensionarse luego de varios años trabajando en el sector de la seguridad. Sin embargo, hace dos meses fue despedido bajo el argumento de que la empresa había perdido algunos contratos.
Desde entonces se dedica a manejar motos en Valledupar. Una situación similar vive Daniel Gutiérrez, a quien no le renovaron el contrato como celador en un conjunto cerrado en febrero de este año. Ahora es domiciliario. A ambos les argumentaron la misma situación: el aumento de los costos laborales a inicios del 2026, a raíz del incremento del salario mínimo en un 23 % y los cambios en las horas nocturnas, incrementó la tarifa de seguridad y obligó a muchas empresas a reducir sus esquemas de vigilancia.
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En Colombia, las tarifas de la seguridad privada están reguladas, como la gasolina, es decir, tienen un precio fijo que es igual para todas las empresas legales. Esa tarifa se calcula en función del salario mínimo y los turnos de 24 horas.
“No podemos tener un empleado sin contrato”
Jorge Mario López, líder gremial del sector en Valledupar, explicó la situación: “Esa tarifa aumentó por el salario mínimo y los recargos nocturnos. Al subir los cobros, obviamente, al sector privado le queda difícil pagarlo. Por eso se han visto afectados comercios, tanto pequeños como grandes”.
Según datos gremiales, la tarifa subió un 28 % desde enero de 2026. “¿Entonces cómo aumentas un 28 % a tus productos para cubrir la seguridad? Por ejemplo, los que venden ropa. ¿Cómo cubres ese incremento? Por eso, lo que ha aumentado es la informalidad: empresas piratas que cobran menos y le pagan menos a la gente”, cuenta López.
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El mayor recorte lo hicieron las ferreterías de la capital del Cesar. “Quitaron la seguridad privada por el alto costo de las tarifas. Al quitar esto, la empresa que ofrece el servicio de vigilancia no puede tener a alguien contratado sin prestar el servicio. Es un problema gremial. Este es el sector más afectado”, agregó López.
El DANE reveló cifras preocupantes
Aunque el gremio de la seguridad fue el más golpeado, en Valledupar hay un reto generalizado en la empleabilidad. Desde diciembre de 2025 se ha registrado un aumento sostenido de la tasa de desocupación, que pasó del 9,1 % hasta alcanzar el 10,5 % en la medición de marzo de 2026. La ciudad regresó a la barrera de los dos dígitos en materia de desempleo.
Por supuesto, eso se evidencia en una caída directa en los puestos de trabajo. La población ocupada se redujo de 202.000 a 196.000 personas en ese mismo periodo. Esto representa la pérdida de 6.000 empleos. En paralelo, la cifra de ciudadanos desocupados creció de 20.000 a 23.000.
¿Por qué si la ciudad perdió 6.000 puestos de trabajo, la cifra de desempleados solo subió en 3.000 personas? La respuesta está en la misma metodología del DANE. Si un ciudadano se queda sin empleo, pero se cansa y deja de buscar vacantes, estadísticamente no se cuenta como desempleado. El sistema simplemente lo saca de la ecuación y lo suma a la lista de inactivos.
