El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Valledupar negó por improcedente la acción de tutela presentada por Alexandra Pineda Ortiz contra los periodistas Katia Ospino y Jacobo Solano, así como contra los medios Semanario La Calle, Portal La Verdad y Encuestas & Cifras.
En su fallo, el despacho declaró que las publicaciones cuestionadas hacen parte del ejercicio legítimo de la libertad de expresión e información, al tratarse de asuntos de interés público sobre la gestión de servidores del Estado, y señaló que no se probó falsedad, dolo ni abuso en su difusión. No obstante, el juez exhortó a los comunicadores a mantener los principios de veracidad, imparcialidad y responsabilidad social, y pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) revisar y, de ser necesario, reforzar las medidas de seguridad de Pineda Ortiz ante las amenazas que ha denunciado.
¿Qué adujeron los periodistas?
Defendidos por el abogado Carlos Andrés Añez, los periodistas y medios señalados defendieron la legitimidad de sus publicaciones, al afirmar que estas fueron el resultado de una investigación periodística sobre presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el Cesar, donde Alexandra Pineda Ortiz se desempeñó como asesora.
Explicaron que su trabajo se sustentó en documentos auténticos y fuentes oficiales, entre ellas el secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga Franco, quien en una rueda de prensa en Valledupar, en agosto de este año, confirmó la existencia de anomalías en el registro de sujetos de ordenamiento (RESO).
Aseguraron además que sus informes establecieron vínculos entre Pineda, otros funcionarios de la ANT y su esposo, William Henry Montoya, y que la información publicada reflejó hechos verificables de interés público, enmarcados en el deber periodístico de revelar posibles usos irregulares de los programas estatales de tierras.
