Una vez asuman sus curules como representantes a la Cámara por el departamento del Cesar el próximo 20 de julio, los procesos judiciales que enfrentan Mello Castro y Alexandra Pineda cambiarán de jurisdicción.
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Por mandato constitucional, los expedientes saldrán de la Fiscalía General y serán trasladados a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, el tribunal con la competencia legal para investigarlos durante su periodo legislativo.
En el caso de Alexandra Pineda, la congresista electa enfrenta tres investigaciones contra la administración pública. A la representante del Pacto Histórico la investigan principalmente por denuncias presentadas durante su paso por la Agencia Nacional de Tierras, relacionadas con los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad en documento y peculado por apropiación.
Frente a estos señalamientos, la dirigente se ha defendido en varias ocasiones argumentando que se trata de una persecución política y denuncias infundadas.
Los casos del exalcalde
Por su parte, Mello Castro llega al Congreso tras su paso por el Concejo, la Asamblea y la Alcaldía de Valledupar. De ese recorrido en lo público arrastra varios procesos judiciales, concentrados en su periodo como mandatario municipal.
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El exalcalde tiene una investigación abierta en 2025 por hechos de 2023, relacionada con el delito de destrucción, supresión u ocultamiento de documento público. El segundo proceso en su contra es por prevaricato por acción, originado en sucesos de 2022 cuya indagación formal inició un año después.
Aunque ambos dirigentes ya recibieron su credencial como congresistas, estos expedientes permanecen en la justicia ordinaria. La transición jurisdiccional solo se hará efectiva en el momento exacto de la posesión, instante en el que el alto tribunal avoca el conocimiento de los casos.
