La Asamblea Departamental del Cesar citó al agente interventor del Hospital Rosario Pumarejo de López, Anselmo Hoyos Franco, a un debate de control político con el objetivo de evaluar el estado actual del principal centro médico de la región.
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En medio de la sesión, la discusión se concentró en la destinación de $35.342 millones girados por el Ministerio de Salud al hospital por concepto de atención a población migrante. El debate tiene su origen en enero de este año, cuando el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, criticó al agente interventor por no destinar la totalidad de esos fondos para formalizar laboralmente a un grupo de empleados y sumarlos a la nómina de la institución.
El debate por la formalización laboral
Desde la administración del Rosario Pumarejo se ha argumentado que ampliar la planta de personal por encima de lo que el hospital factura podría afectar sus finanzas. Durante su intervención, Hoyos Franco explicó su decisión frente a las directrices del nivel central.
“Yo le dije al asesor del ministro: ‘Con mucho gusto, si usted me manda los lineamientos mediante una resolución donde me ordene que esos recursos son para formalización laboral, yo lo hago’. Nunca llegaron esos lineamientos. Son ingresos corrientes de libre destinación, logrados por facturación, y por lo tanto no podían llegar direccionados”, señaló.
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La postura desde la Asamblea
Los diputados del Cesar también plantearon reparos frente a la solicitud del nivel central. El encargado de liderar el debate, el diputado Jesús Suárez Moscote, señaló: “A capricho del Ministerio no podemos hacer cuatro proyectos que le cuestan plata a una institución que financieramente no está en su mejor momento”.
A su vez, el diputado Miguel Ángel Gutiérrez cuestionó la injerencia sobre las decisiones locales: “Eso no es un regalo del Gobierno nacional, era una deuda que el Gobierno tenía con el Hospital Rosario Pumarejo. Es preocupante que el ministro ‘teledirija’ a los agentes que nombra. Ese es un problema que hemos tenido en varios hospitales del país por esa improvisación del Gobierno: viene un gerente haciendo las cosas y, de la nada, se entera de que ya no es gerente”.
Por su parte, la secretaria de Salud departamental, Georgina Sánchez, respaldó los argumentos financieros del hospital. “El Hospital Rosario Pumarejo no puede sostener esa formalización laboral. Sería ahondar la crisis. Nosotros conocemos las cifras; es mejor ir poco a poco y cuando las finanzas lo permitan. De lo contrario, se va a convertir en un pasivo”, indicó.
Distribución de los recursos y pasivos vigentes
Frente a este panorama, el agente interventor anunció que los recursos se dividirán en dos frentes: $10.000 millones se destinarán a la segunda fase de la formalización laboral de los trabajadores, y los $25.000 millones restantes se utilizarán para sanear deudas de la institución.
A pesar de que durante la intervención de la Superintendencia de Salud el Rosario Pumarejo ha registrado mejoras en su oferta de servicios y facturación, el centro médico mantiene pasivos por $107.000 millones. Esta situación financiera advierte que, una vez termine la medida de intervención, la operación del hospital podría verse afectada por el riesgo de nuevos embargos.
