El abogado Belisario Jiménez Lúquez radicó un derecho de petición de información ante la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Valledupar, en el que solicita revisar la legalidad de los comparendos impuestos durante la vigencia de varios decretos que restringieron el transporte de parrillero hombre mayor de 14 años en la ciudad.
En el documento, dirigido a la secretaria de Tránsito, Marianela Guillén, el abogado menciona los decretos de 2022, 2023, 2024 y 2025. De acuerdo con su exposición, los primeros actos administrativos ordenaban a miembros de la Policía Nacional aplicar la medida de inmovilización a motocicletas, mientras que en el decreto de 2025 esa facultad habría sido excluida o revocada y el procedimiento se circunscribió a medidas contempladas en el Decreto 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana).
Jiménez afirma que, durante la vigencia de los primeros decretos, se expidieron comparendos que considera “irregulares e ilegales” a ciudadanos residentes o de tránsito por Valledupar, lo que, según su argumentación, afectó derechos y generó costos para quienes pagaron no solo las sanciones, sino también servicios de grúa y parqueadero.
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En el escrito también sostiene que la transferencia de funciones a miembros de la Policía, sin la existencia de un convenio para la aplicación de las medidas, podría configurar irregularidades, e incluso menciona la figura de prevaricato por acción.
Las solicitudes a Tránsito
En el capítulo de peticiones, el abogado solicita a la Secretaría de Tránsito “decretar la nulidad” de los comparendos generados bajo los decretos señalados y oficiar al SIMIT para que elimine esos registros. Además, pide la suspensión de los procesos de jurisdicción coactiva relacionados con dichas multas, mientras se revisa el caso.
Adicionalmente, solicita que se oficie a los operadores Datacrédito y Cifin para que actualicen la información de los usuarios que, según el documento, pudieron resultar afectados por la imposición de los comparendos. También pide ordenar la devolución del dinero pagado por concepto de multas, así como lo cancelado por grúa y parqueadero, e incluso los intereses que se hubieran generado, y solicita que la información sea entregada en medio magnético.
En el escrito, Jiménez fundamenta su solicitud en el derecho de petición y el acceso a documentos públicos, citando normas como la Ley 1755 de 2015 sobre términos de respuesta y entrega de información por parte de las autoridades.
