Durante el debate de control político realizado este martes en la Asamblea del Cesar sobre la construcción de la segunda calzada entre Valledupar y La Paz quedó en evidencia la falta de recursos para terminar este proyecto que, hasta ahora, solo tiene garantizada la intervención de 6,6 kilómetros de vía nacional, pero aún falta la parte urbana en el barrio San Fernando y el puente sobre el río Cesar (así serían 9,8 kilómetros según el alcance inicial).
Este proyecto está a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad del Ministerio de Transporte que en 2021 firmó un contrato interadministrativo con la Banca de Desarrollo Territorial (Findeter) para administrar los recursos, financiar y brindar asistencia técnica a este proyecto, proceso que empezó a desarrollarse en junio de 2023. Sin embargo, el gerente de transporte y movilidad de Findeter, José Luis Cala, aseguró en la duma departamental que ese contrato solo contemplaba $70.000 millones inicialmente asignados (de los cuales $62.492 millones son para el contrato de recubrimiento, más $5.720 millones para interventoría), pero una vez revisados los diseños, el costo total actualizado del proyecto ascendió a 120.000 millones de pesos.
Invías priorizó el tramo que no requiere licencia
Ante esto, Findeter consultó a Invías sobre cómo proceder, dado que el proyecto completo requiere casi el doble de recursos: solo el puente cuesta $35.000 millones, pero los recursos faltantes también contemplan la intervención en perímetro urbano, desde la glorieta del País Vallenato, la gestión predial del barrio San Fernando, hasta la glorieta de la entrada de La Paz.
Así las cosas, según Cala, Invías priorizó sus recursos para ejecutar la parte del proyecto que no requiere licenciamiento ambiental ni intervenciones sociales complejas, específicamente la doble calzada adosada, que corresponde a 6,6 kilómetros de vía. Así, en mayo de 2024 se modificó el contrato para avanzar con los recursos disponibles en esta etapa, mientras se gestionan recursos adicionales para completar el resto del proyecto.
Cala señaló que el avance físico de la construcción de la vía es del 44 %, además, indicó que Findeter paga al contratista (Unión Temporal VLP) conforme al avance de obra y sin anticipos. El contrato tiene un plazo de 3 años y 6 meses, es decir, debe ser terminado el próximo año.
Utilización de los recursos
“De los $62.000 millones, hemos facturado 21.000 millones de pesos porque Findeter paga frente a avance de obra, es decir, esos 21.000 millones de pesos corresponden a lo que el contratista ya ha ejecutado”, concluyó Cala.
Desde Invías han manifestado que la entidad nacional no puede intervenir áreas urbanas porque no son de su competencia, refiriéndose al tramo en Valledupar, municipio con el que deberá hacer un convenio para una futura intervención; aunque el secretario de Obras, Layonel Arenas, advirtió que la Alcaldía no cuenta con recursos adicionales. En cuanto a los demás recursos, un delegado del Instituto manifestó que la entidad hará la gestión para conseguir el capital que falta, más de $50.000 millones, aproximadamente.
Gestión de los recursos
Los congresistas del Cesar también estuvieron en la sesión, entre ellos el representante José Eliécer Salazar, quien manifestó que el 20 de julio inicia el estudio del presupuesto nacional 2026 y esta sería una oportunidad para que la bancada del departamento gestione los recursos faltantes para que la vía quede completa, con el puente, no con intersecciones planteadas.
Aunque es un proyecto del orden nacional, los congresistas también plantearon que los diputados deben gestionar recursos a nivel departamental. Por su parte, el secretario de Infraestructura del Cesar, Jorge Maestre, manifestó que “si el tema es de recursos, hay que hacer los esfuerzos para no dejar una obra con defectos técnicos”, por lo tanto, sugirió a Invías y Findeter definir los valores exactos de la adición.
Veeduría insiste en revisar el separador central
Entre tanto, la veeduría ciudadana de este contrato, cuyo presidente es el abogado Evelio Daza, celebró que por fin se diera la discusión pública puesto que aún no ha sido realizada la mesa técnica ordenada por el Ministerio sobre los aspectos técnicos como el separador central, considerado por la organización como insuficiente para la seguridad vial.
“No es construir la vía por construirla, es que detrás de esta construcción está la obligación del Estado de garantizar el derecho a la seguridad, atenuando los riesgos inherentes a la carretera”, expresó Daza Daza.
El veedor Álvaro José Soto también expuso su descontento con el separado, diseñado para 2 metros de ancho, al considerarlo “muy estrecho”, advirtiendo que este espacio también servirá para evacuar el agua de las lluvias. “La Ley 1228 de 2008 se refiere a los separados centrales, eso depende de la velocidad de diseño que define pendientes y radios de curvas, entonces los separados centrales en terreno plano, ondulado y montañoso varían…, en terreno plano no hay límite”, agregó el ingeniero civil.
Por Andrea Guerra Peña / EL PILÓN
