Avanza en la ciudad el trabajo que la Administración Municipal contrató para realizar la caracterización de los usuarios de la zona céntrica de la ciudad dedicados al comercio informal, con el objetivo de articular la entrega de locales comerciales en el centro para vendedores informales. Hay optimismo, y con razón, ante la posibilidad de formalizar cientos de actividades productivas que hoy se desarrollan en la vía pública; sin embargo, conviene hacer algunas claridades y propuestas para que esa esperanza se convierta en éxito sostenible.
Primero, la caracterización debe ser integral y detallada: debe recoger dimensiones demográficas (edad, género, procedencia), socioeconómicas (ingresos, dependencias económicas), de actividad (tipo de comercio, horarios) y de ocupación y tamaño del puesto. Esa base de datos debe complementarse con un filtro transversal que evite la formación de carteles y que impida que la reubicación sea, en los hechos, una simple traslación del problema que vuelve a invadir el espacio público. Una caracterización robusta permitirá también priorizar las intervenciones por zonas, algo imprescindible cuando se trabaja con un universo que, según registros y diagnósticos locales, concentra la informalidad en el centro histórico y en ciertas comunas de la ciudad.
Segundo, es indispensable garantizar que el espacio recuperado permanezca desocupado por reincidencias. Esto exige acción inmediata y coordinada de la autoridad local, control físico y normativo, y un compromiso formal de quienes hoy ocupan el espacio público. No basta con desalojos temporales si no van acompañados de medidas de permanencia y seguimiento.
Tercero, la entrega de locales en el nuevo centro comercial consideramos que no debería ser gratuita ni en comodato y muchísimo menos en arriendo; al contrario, que las unidades sean adquiridas mediante crédito formal, venta con financiación bancaria, idealmente con condiciones subsidiadas por el municipio, si se considera necesario. La experiencia y la lógica económica muestran que aquello que no tiene costo directo suele generar menor sentido de pertenencia; un crédito con garantía prendaria de primer grado crea compromiso financiero y arraigo en el nuevo espacio. En este sentido, el proyecto municipal que contempla la construcción de una Plaza de Vendedores Estacionarios con 364 locales y la reubicación de, al menos, 400 vendedores, representa una oportunidad que debe estructurarse con mecanismos financieros sólidos para garantizar la permanencia y la responsabilidad de los nuevos locatarios.
Cuarto, una vez instalados los nuevos locatarios, deberá constituirse un ente jurídico de derecho privado encargado de administrar la nueva zona comercial como un verdadero centro comercial con todas las de la ley: gobernanza de lugares comunes, gestión de residuos, prestación y control de servicios, administración de parqueaderos, cobro y gestión de tributos, y programas de apoyo técnico-comercial a los emprendedores. Esa figura, independiente pero regulada, permitirá profesionalizar la gestión y evitar la anarquía administrativa que suele seguir a procesos mal administrados.
Quinto, hay que celebrar el potencial de generar 300 a 500 nuevos emprendimientos formales: si se materializa, este hecho colocaría a Valledupar en una posición destacada frente a otras ciudades de tamaño similar, por la capacidad de transformar economías informales en unidades empresariales formales. Pero ese hito exige vigilancia: recuperar el centro y crear el espacio no es suficiente; hay que administrarlo y protegerlo para que no se
produzcan retornos masivos a la informalidad. La garantía contra la reincidencia debe operar por dos vías: la acción del Estado y el compromiso del antiguo ocupante.
Finalmente, dos puntualizaciones geográficas y jurídicas que no pueden soslayarse:
Primero, es absolutamente necesario precisar el perímetro geográfico de la caracterización — desde dónde y hasta dónde se han contado aproximadamente 600 vendedores informales—. Esa delimitación es la que permitirá priorizar zonas y diseñar una intervención por fases.
Segundo, en materia de “confianza legítima”, debe recordarse que tal figura jurídica depende de elementos objetivos (permanencia notoria, conducta de señor y dueño, ausencia de oposición prolongada). La simple permanencia en la vía pública no genera por sí sola un título que impida desalojo o reubicación cuando el Estado actúa en pro del orden, la salubridad y el interés general; por tanto, no puede utilizarse la “confianza legítima” como argumento automático para bloquear programas de formalización y reasentamiento.
La iniciativa municipal y el estudio contratado son una noticia excelente para Valledupar. El gremio que participa en la caracterización tiene un muy buen trabajo y puede contar con nosotros como Fenalco, porque lo que es con Valledupar es conmigo.
Por Octavio Pico, Director Ejecutivo de Fenalco Cesar.
