El rector saliente de la Universidad Popular del Cesar, Rober Romero, quien termina su periodo el próximo 26 de abril, citó al Consejo Superior Universitario a una sesión extraordinaria que tiene como objetivo estudiar y votar la aprobación de la nueva sede de la UPC en La Jagua de Ibirico.
La sesión se realizará este lunes 6 de abril desde las 9:30 de la mañana en el aula múltiple del Colegio José Guillermo Castro de La Jagua de Ibirico.
Si el grupo del rector Romero logra tener mayoría, seguramente aprobarán la construcción de la sede. Para eso, necesitan la asistencia de Juliana Guerrero, delegada del presidente Gustavo Petro en el Consejo Superior Universitario.
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Con Guerrero, sumarían cinco votos: el del profesor Marlon Bastidas, representante de los docentes; el de Óscar Pacheco Hernández, representante de los rectores; el del profesor Armando Luis Cotes, representante de las directivas académicas; el de la propia Juliana Guerrero, como delegada del presidente de la República; y el de Xavier Estrada, en representación del Ministerio de Educación Nacional y actual presidente del Consejo.
La mayoría son cinco votos
El Consejo Superior Universitario lo integran 10 personas, incluyendo el rector, que tiene voz pero no voto. Así, la mayoría se hace con cinco votos, como ocurrió el 9 de marzo cuando eligieron a Guillermo Echavarría como rector para el periodo 2026-2030.
La aprobación depende de la asistencia de Juliana Guerrero, la única consejera que no reside en Valledupar y quien se ha ausentado en varias sesiones. Lo más probable es que aprueben la construcción de la nueva sede en La Jagua de Ibirico, un proceso que ha tenido varios traumatismos.
La última vez fracasó
El 6 de noviembre de 2025, la sesión del Consejo Superior Universitario para aprobar o no la construcción de la sede fracasó luego de que el docente Eduardo García recusara a ocho de los consejeros argumentando posibles conflictos de interés.
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Esa era considerada la última oportunidad para darle viabilidad al proyecto porque el 8 de noviembre iniciaba la ley de garantías en Colombia, la cual restringe la celebración de convenios interadministrativos para ejecutar recursos públicos.
A raíz de eso, el Gobierno nacional buscó mecanismos diferentes para invertir los recursos. Se trataría de una inversión de $14.000 millones de pesos para construir 13 aulas, así como zonas administrativas, un aula polivalente, cafetería, baterías sanitarias, cuarto técnico, circulaciones exteriores, placa polideportiva y parqueaderos.
La expectativa está por lo que pasará este lunes y si el Gobierno nacional logrará tener mayorías para aprobar la construcción de la sede en el municipio del corredor minero.
