El Consejo de Estado, a través de su Sección Primera, confirmó la sanción por desacato contra el actual alcalde de Valledupar, Ernesto Miguel Orozco Durán. La decisión castiga el incumplimiento de una sentencia judicial del 28 de noviembre de 2005 que ordenaba proteger el humedal El Eneal.
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Aunque el fallo rebajó la multa de cinco a tres salarios mínimos legales mensuales vigentes, la medida tiene un fuerte peso simbólico. Si bien Ernesto Orozco es quien debe asumir la sanción hoy, el fallo representa, en la práctica, una condena a la negligencia administrativa de los últimos cinco alcaldes de la ciudad, quienes no lograron resolver el problema en casi 20 años.
El proceso judicial deja claro que la orden de recuperar el espacio público y sanear el humedal ha sido desatendida sistemáticamente por múltiples administraciones. Los accionantes señalaron que las órdenes “no han sido acatadas por ninguno de los alcaldes que han ejercido el cargo” desde la sentencia original. El Consejo de Estado ratificó que, tras casi veinte años, persiste el incumplimiento material: el humedal sigue recibiendo vertimientos de aguas residuales y su ronda hídrica continúa invadida por viviendas, sin que las medidas policivas o administrativas de los gobiernos anteriores hayan sido efectivas.
Un fracaso de los últimos 5 alcaldes
Así, la multa impuesta a Orozco Durán no solo castiga su gestión actual, sino que visibiliza el fracaso acumulado de las últimas dos décadas de gobierno local frente a este ecosistema estratégico.
A pesar de confirmar el desacato, el Alto Tribunal concedió una rebaja en la sanción económica al reconocer que la actual administración no ha sido “abiertamente renuente”. Se valoraron “ciertos esfuerzos” recientes, como jornadas de limpieza y mesas técnicas realizadas en 2024, que, aunque fueron calificadas como “aisladas” e insuficientes para cumplir la sentencia, demuestran una intención de avance frente a la inacción total del pasado.
Por su parte, Corpocesar quedó libre de toda sanción, ya que el tribunal comprobó que la entidad cumplió con su tarea de monitoreo y control ambiental. La multa deberá ser pagada por el alcalde a favor del Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.
