El ciudadano Jazen Kmilo Suarez Rodero presentó una queja disciplinaria formal ante la Procuraduría para que se investigue a un grupo de concejales del municipio de La Jagua de Ibirico. La acción legal busca esclarecer posibles irregularidades normativas en la aprobación del Acuerdo Municipal No. 023 de 2025, el cual facultó al alcalde Leonardo Fabio Hernández Cataño para gestionar una deuda de hasta 44.000 millones de pesos.
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El proyecto fue radicado por la administración municipal el 9 de diciembre de 2025 y sancionado rápidamente por el alcalde el 17 de diciembre de ese mismo año. Según la queja radicada, esta suma equivale a más de la mitad del presupuesto anual del municipio, calculado en unos 82.988 millones de pesos para esa vigencia. El denunciante expone en el documento que la autorización se otorgó de forma genérica, sin delimitar el alcance material y sin establecer un plazo definido para contratar la deuda.
En el texto se argumenta que el Concejo Municipal concedió esta facultad sin tener un estudio técnico o financiero riguroso e independiente que demostrara la capacidad de pago del ente territorial. Además, se advierte que el acuerdo no identifica ni individualiza los proyectos de inversión concretos que se ejecutarían con los recursos prestados. Otro factor central de la denuncia señala que el pago de este empréstito comprometería rentas de vigencias futuras, excediendo el actual periodo de gobierno que termina en 2027, presuntamente sin acatar los requisitos exigidos por la normatividad nacional sobre la materia.
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La solicitud de investigación disciplinaria recae sobre los corporados que participaron en la discusión y votaron a favor de la iniciativa. Los concejales individualizados en la queja son Amarildo Rafael Molina Trillos, Armando Vides Castro, Oscar Parejo Cudris, Adier Brujes Ochoa, Vivian Rosa Moreno Castrillo, Maria Victoria Arzuaga Manjarrez, Yoiner Pallares Galvan, Edinson Chaparro Meza, Cesar Zambrano Turizo, Luis Gabriel Valero Florez, Jose Miguel Martinez Villa, Jose Antonio Rincon Perez y Mario Jose Machado Nieto.
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De manera paralela a la intervención del Ministerio Público, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Valledupar admitió el 22 de enero de 2026 una demanda de nulidad simple promovida por el mismo ciudadano contra el cabildo municipal. Este proceso contencioso administrativo busca anular el acuerdo e incluye una solicitud de suspensión provisional de sus efectos jurídicos, con el propósito de frenar el endeudamiento y proteger la hacienda pública mientras se toma una decisión de fondo.
