El Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Extinción de Dominio ordenó la devolución inmediata de una fortuna avaluada en más de 480.000 millones de pesos a los herederos de José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández Aponte, entre quienes se encuentran su viuda, la exreina María Mónica Urbina, y sus hijos.
Recomendado: Asesinado ganadero José ‘Ñeñe’ Hernández en Brasil
El fallo de primera instancia desestima las pretensiones de la Fiscalía General de la Nación sobre la gran mayoría del patrimonio de Hernández, argumentando errores procedimentales y falta de carga probatoria por parte del ente acusador. Según el documento judicial, la Fiscalía no logró acreditar que los bienes fueron adquiridos con dineros ilícitos provenientes de la estructura criminal de Marcos de Jesús Figueroa, alias ‘Marquitos’.
Entre los activos que deberán regresar a manos de la familia Hernández se encuentran 72 bienes inmuebles, entre fincas y lotes ubicados en el Cesar, La Guajira y Bolívar, así como cinco estaciones de combustible y 76 vehículos. De especial relevancia para el sector agropecuario de la región es la orden de devolver la sociedad Agropecuaria El Búfalo S.A. y cerca de mil cabezas de ganado que habían sido objeto de medidas cautelares y estaban bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
El juez fundamentó su decisión en que el ente investigador no invocó formalmente la figura de “presunción de origen ilícito”, contemplada en el artículo 152A de la Ley 1708 de 2014. El despacho aclaró que esta figura no opera de manera automática y que era deber de la Fiscalía solicitarla y sustentarla explícitamente en la demanda, omisión que resultó determinante para el fallo.
Fallas en el testimonio
Adicionalmente, el juzgado cuestionó la solidez de los testigos presentados, en particular el testimonio de un informante conocido con el alias de ‘La Penca’, cuyas declaraciones fueron consideradas contradictorias e insuficientes para vincular el patrimonio del ganadero vallenato con actividades de narcotráfico o testaferrato. La defensa logró argumentar que los bienes eran producto de décadas de actividad comercial y ganadera legítima de la familia.
Aunque el fallo ordena el levantamiento de las medidas cautelares sobre el grueso de la herencia, el documento precisa que la SAE mantendrá la posesión sobre otros bienes específicos donde sí se cumplieron los requisitos de ley. Se espera que la Fiscalía y el Ministerio de Justicia apelen esta decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá en los próximos días.
