¿Qué lo motivó a visitar Valledupar?
Queríamos estar en el río Guatapurí porque ese lugar es una expresión cultural muy fuerte. Allí la gente se reúne, comparte y conversa. Fue una oportunidad para escuchar de primera mano qué siente la ciudadanía frente al Gobierno nacional, a lo que ocurre localmente y también para recoger firmas, ya que nuestra candidatura requiere más de 635.000 para poder postularnos.
En ese encuentro con la gente vimos dos sentimientos predominantes: frustración e indiferencia. Muchos se sienten defraudados porque esperaban más de este gobierno. Otros simplemente están concentrados en sobrevivir: conseguir lo del mercado, pagar la matrícula del colegio, rebuscarse. Todavía el país no ha entrado en modo electoral, pero eso nos da tiempo para construir una propuesta sólida.
¿Qué diagnóstico hace sobre la situación del Cesar y de Valledupar en particular?
Valledupar es una ciudad muy bonita, con espacio público bien desarrollado y obras importantes. Pero eso contrasta con una realidad dolorosa: es la segunda ciudad más pobre de Colombia. Y el Cesar es el cuarto departamento más pobre, con una pobreza monetaria del 52,2%. En Valledupar, el 49,8% de su población está en situación de pobreza.
Esta contradicción revela el costo de una decisión mal planeada: frenar abruptamente la explotación de carbón. El Cesar no estaba preparado y ahora paga las consecuencias. Solo en 2024 su economía cayó -4,4%. Eso se traduce en más informalidad, desempleo juvenil y migración.
¿Cómo debería abordarse esa informalidad que usted menciona con frecuencia?
La mayoría de personas en Valledupar vive del rebusque, vendiendo fritos, hacen mototaxismo, tienen peluquerías o tiendas de barrio. Es necesario que el Estado llegue con soluciones reales. Que esas personas tengan aseguramiento en salud, protección en riesgos laborales y acceso al crédito, no al “gota a gota”.
La clave está en visibilizar esa economía. Herramientas como plataformas de pago digitales, como la app ‘BreB’, pueden ayudarnos a entender cuánto venden esas personas, cómo les va, y si pueden acceder a financiamiento con tasas justas. No se trata de ponerles impuestos, sino de darles herramientas para crecer y salir de la pobreza.
¿Qué relación ve entre informalidad, pobreza y lavado de activos?
Altísima. Hoy, una cuarta parte del PIB colombiano se mueve en efectivo. Eso es una señal clara de economías ilícitas que entran a través de canales informales. Nadie sabe lo que pasa con muchos negocios callejeros, y eso es lo que aprovechan las bandas criminales para lavar dinero. La informalidad es el escondite perfecto para esas prácticas.
Y eso también alimenta el consumo. Se inyecta dinero ilegal que termina comprando mercancía, contratando gente en condiciones precarias y sosteniendo una economía subterránea que no genera riqueza, solo mantiene a la gente en la pobreza.
¿Ha encontrado evidencia de estas prácticas en su recorrido por el país?
Sí. En el departamento del Cesar nos han hablado de jóvenes reclutados no con fusiles, sino con cuentas bancarias. Los usan para hacer microtransacciones, mover plata y lavar dinero. Es un modelo de reclutamiento silencioso pero muy efectivo, y el Estado está siendo ciego frente a eso.
¿Cómo atacar esa realidad?
Hay que cambiar la forma en que vemos la informalidad. No se trata de criminalizarla. Se trata de entenderla y acompañarla. Si logramos masificar el uso de pagos digitales, el Estado podrá saber qué tan rentable es una actividad, y desde ahí puede ofrecer formación, crédito, tecnología y acompañamiento. Si una persona trabaja 14 horas en la calle y sigue siendo pobre, necesitamos mostrarle otra salida.
El 60 % de los trabajadores en Colombia, y hasta dos terceras partes en Valledupar, están en la informalidad. Y aun así, todos dependemos de ellos: comemos sus fritos, usamos sus motos, nos cortamos el pelo en sus peluquerías.
A la informalidad se suma otro problema: la extorsión…
Es otro tema crítico. La extorsión se ha convertido en un impuesto paralelo. Muchas personas tienen miedo, y eso impide que crezca la actividad económica formal. La inseguridad también alimenta el ciclo de la informalidad y del lavado, porque nadie quiere registrar su negocio si eso lo vuelve visible ante bandas criminales.
Por eso, nuestra apuesta es construir un gobierno que escuche, que entienda el terreno y que trabaje en equipo con los territorios. No se trata de gobernar desde Bogotá, sino desde donde realmente está el país, en la calle, en el barrio, en el rebusque.
La gente en Valledupar nos dijo algo claro: ‘Todo el mundo está boleteado’ (extorsionado). La extorsión se ha masificado. Y lo más grave es que muchos ni siquiera saben si quienes los extorsionan pertenecen a grupos criminales o son delincuentes comunes con un celular. Esa incertidumbre paraliza a quienes quieren generar empleo.
La extorsión es hoy una de las principales barreras para el desarrollo en departamentos como el Cesar. Es absurdo que a los pocos que logran salir adelante, de inmediato los extorsionen. Eso desalienta la formalidad, el emprendimiento y la inversión.
¿Qué propone para enfrentar este flagelo?
No creemos en una retórica basada solo en la fuerza, pero sí tenemos una postura clara: sin seguridad no habrá desarrollo. La Fuerza Pública está lista, solo necesita liderazgo. Los militares y policías nos dicen que tienen doctrina y están preparados, pero el Gobierno actual los ha debilitado moral y operativamente.
Necesitamos recuperar su confianza, su moral y trabajar en equipo con seguridad privada, tecnología, inteligencia artificial y con la comunidad. Solo así desmantelamos las redes de extorsión y enfrentaremos también otro fenómeno grave: las riñas interpersonales, que aquí en Valledupar son altísimas.
Usted fue director del Dane, conoce los problemas de la inflación en ciudades como Valledupar…
Lo primero es entender que la inflación no se borra. Cuando baja, lo que ocurre es que los precios suben más despacio, pero no retroceden. Esa inflación de 2022, especialmente en alimentos y servicios públicos, llegó para quedarse. La única salida real es generar más empleo. Ya no vamos a volver a los precios de antes, y eso es doloroso.
Acá en Valledupar hablamos con unas mujeres que venden comida típica. Nos contaban cómo la yuca o la harina de yuca subieron más del 50 % en dos años. A los campesinos también se les dispararon los costos de producción. Y mientras eso pasa, los ingresos no crecen al mismo ritmo.
Buena parte de los alimentos que consumimos en el Caribe vienen del Catatumbo, una región con graves problemas de conectividad. Los altos fletes hacen que aquí paguemos más por lo mismo. Necesitamos integrar mejor esa región al sistema agroalimentario del país para bajar los precios finales.
¿Y el alza en servicios públicos como la electricidad y el gas?
El Caribe no puede seguir asumiendo solo los costos del retraso en infraestructura energética. La Nación debe intervenir. Nosotros proponemos asumir desde el Gobierno nacional la deuda histórica con esta región. El sistema eléctrico del Caribe necesita inversiones serias para mejorar su red y dejar de castigar a los usuarios residenciales.
Además, el gas natural también ha subido, a pesar de que estamos cerca de grandes fuentes. Necesitamos recuperar la soberanía energética fortaleciendo la exploración y explotación responsable de nuestros recursos.
El otro punto son los acueductos y alcantarillados. En algunos municipios siguen siendo promesas…
Vamos a replantear los mecanismos de contratación de obras públicas. No puede ser que en un solo municipio del Cesar hayan construido cuatro veces el mismo acueducto sin resultados. Ese tipo de corrupción hay que frenarla. La cobertura en eliminación adecuada de excretas sigue siendo bajísima en varios municipios del Caribe. Eso es inaceptable en pleno siglo XXI.
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“La extorsión es hoy una de las principales barreras para el desarrollo en departamentos como el Cesar. Es absurdo que a los pocos que logran salir adelante, de inmediato los extorsionen. Eso desalienta la formalidad, el emprendimiento y la inversión”.
Por Deivis Caro – EL PILÓN
