El diputado Jesús Suárez lanzó fuertes críticas a la Alcaldía de Valledupar y a la Gobernación del Cesar por la forma en que se adelanta la adquisición de predios en el barrio Rocas del Valle, necesarios para conectar el Anillo Vial con la Avenida Sierra Nevada.
Durante un debate de control político en la Asamblea, Suárez denunció que las familias afectadas “no recibieron suficiente información” y hoy enfrentan ofertas que, según él, desconocen su realidad social. “Muchas de estas personas se están viendo prácticamente vulneradas porque no se les dio información clara y ahora tendrán que ser objeto de un fenómeno de expropiación”, advirtió.
Cronología de retrasos
El anillo vial, que incluye 10,4 kilómetros de vía y una inversión cercana a los 150.000 millones de pesos, presenta un avance del 95 %. Sin embargo, para completar la doble calzada en el tramo que une ambas vías es necesario adquirir terrenos y viviendas ubicados en la calle 1 y 1A del sector conocido como ‘La Roca’.
El diputado recordó que en 2022 se expidió el Decreto 1054 que declaró la urgencia para adquirir los terrenos. En 2023 se realizaron los primeros avalúos y en 2024 se contrató la consultoría 1681 con DCI Colombia, cuyos detalles, según Suárez, nunca fueron entregados a la Asamblea pese a múltiples solicitudes.
“Después de una investigación supimos que en febrero de 2025 se asignaron más de $6.000 millones de pesos para la compra de predios, pero solo en junio el alcalde delegó al secretario General para iniciar procesos de negociación voluntaria y expropiación”, explicó.
Para el corporado, “tuvieron tiempo en 2022, en 2023 y en 2024; solo hasta 2025 delegaron a un funcionario. Ese secretario debía estar aquí dándole la cara a este debate”, dijo Suárez, en referencia al secretario General, Guido Castilla.
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Suárez hizo énfasis en la situación de la comunidad. “Hablamos de mujeres cabeza de hogar, niños, desplazados y personas con discapacidad. A una señora que perdió a su padrastro y a un hermano en la violencia le ofrecen 14, 24 o 30 millones de pesos por su lote, y no sabe para dónde se va”, relató.
También denunció casos en que se intentaron comprar patios o baños como si fueran predios independientes: “Hubo resoluciones absurdas donde les querían comprar 2,5 o 7,5 metros. Gracias a la intervención de abogados, algunas se rectificaron”.
El diputado criticó que las ofertas de compra se sustentan en avalúos de 2023 y 2024, cuando el proceso se ejecuta en 2025. “Si una Coca-Cola en noviembre costaba un peso, ocho meses después no puede valer lo mismo. A la comunidad no le dieron explicación amplia ni suficiente”, señaló.
Falta de acompañamiento
En su intervención, Suárez cuestionó que el proceso no cuente con respaldo de entidades garantes de derechos: “Preguntamos si habían solicitado acompañamiento de la Defensoría del Pueblo o del ICBF, y nos dijeron que no. En pleno siglo XXI es inadmisible”.
Agregó que la socialización con los habitantes se realizó después de notificarlos de las resoluciones: “Eso no es socialización, eso es formalismo. Una caracterización seria debió identificar desplazados, personas con discapacidad y víctimas de la violencia. Lo que mandaron fue un papel para llenar un requisito”.
“Esto no es solo una transacción”
El diputado concluyó que el problema no radica en la obra en sí, sino en la manera como se está ejecutando la gestión predial. “La comunidad nunca se opuso al desarrollo de la ciudad, pero en esta carrera maratónica se está violentando prácticamente a todo un barrio. Esto es mucho más que una transacción; aquí la gente construyó un proyecto de vida”.
Finalmente, Suárez pidió correctivos inmediatos y mayor transparencia: “El municipio tiene que dar explicaciones claras a Rocas del Valle, Nuevo Amanecer y todos los barrios que se van a ver afectados”.
